Ciudad de Buenos Aires,
Axel Olivares
Crédito foto: X @MinDefensa_Ar
El Gobierno de Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina, en respuesta a la decisión de la administración de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en esa misma categoría. La medida fue anunciada por el Ministerio de Exteriores de Teherán, que calificó la resolución argentina como un "acto hostil" y responsabilizó a Buenos Aires por las posibles consecuencias.
Para justificar la medida, la diplomacia iraní citó una disposición legal que establece que los países que "cumplan o apoyen la decisión de Estados Unidos de América de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista están sujetos a reciprocidad".
Ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Fuente: X @IRIMFA_EN
El Ministerio de Exteriores también dirigió una advertencia al Ejecutivo argentino: "Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto".
La Cancillería argentina rechazó categóricamente la decisión iraní mediante un comunicado oficial difundido el mismo 11 de noviembre. El Gobierno sostuvo que la medida "carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible" contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía.
Fuente: X @Cancilleria_Ar
La respuesta también cuestionó la conducta de Teherán frente a los procesos judiciales por los atentados cometidos en Buenos Aires. El Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que Irán continúa sin cooperar con la Justicia argentina, incumple las órdenes internacionales de detención vigentes y ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por los tribunales argentinos.
"Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina", señaló el comunicado.El Gobierno exigió nuevamente que Irán ponga a disposición de los tribunales a los acusados y reafirmó su compromiso con las víctimas, sus familiares y la comunidad judía argentina.
Imágenes del atentado contra la AMIA el 18 de julio de 1994. Fuente: AMIA
La designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de Argentina tiene como antecedente dos de los atentados más graves ocurridos en el país.
El primero fue el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, perpetrado en 1992. El segundo ocurrió en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), también en la capital.
Ambos atentados permanecen impunes. La Justicia argentina atribuyó su planificación a Irán y a Hezbollah, organización chií libanesa considerada también terrorista.
Al anunciar la inclusión de la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas, el Gobierno argentino explicó que la resolución "se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".
Argentina no es el primer país cuyas instituciones militares fueron objeto de esta clasificación por parte de Irán.
A comienzos de noviembre, Teherán declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas. También calificó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como un "grupo hostil".
Las autoridades iraníes justificaron aquellas medidas por la participación británica en el conflicto contra la República Islámica y por el acceso a instalaciones militares y logísticas que, de acuerdo con Teherán, Londres facilitó a Estados Unidos. Otro antecedente fue la decisión británica de julio de considerar a la Guardia Revolucionaria iraní una "amenaza para la seguridad nacional".
En el caso del MI6, la diplomacia iraní alegó una supuesta colaboración con Israel y otros países contrarios a sus intereses de seguridad.
La disputa por la clasificación de la Guardia Revolucionaria comenzó antes de las decisiones adoptadas por Argentina y Reino Unido. Estados Unidos declaró terrorista a esa organización en 2019, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump.
Posteriormente, en enero de 2026, la Unión Europea adoptó una medida similar después de la represión de las protestas antigubernamentales registradas a comienzos de ese año.