Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una auditoría preliminar a servicios públicos de Chile detectó alertas fiscales por más de USD 9200 millones durante la administración de Gabriel Boric. La revisión expuso pagos aplazados, compras públicas observadas y subsidios pendientes de recuperación en organismos estatales. Los resultados iniciales fueron presentados como parte de una revisión sobre recursos públicos entre 2022 y 2026.
El proceso fue liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). La revisión cruzó más de 913 millones de registros administrativos y financieros de más de 500 servicios públicos. Constanza Castillo, subsecretaria general de la Presidencia, indicó que los hallazgos no significan automáticamente responsabilidades administrativas o penales.
Castillo señaló que las alertas incluyen "errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal".
Pagos postergados y proveedores estatales
Uno de los principales hallazgos corresponde a pagos postergados desde 2025 a 2026 por aproximadamente USD 3200 millones. Ese monto equivale a cerca del 1% del Producto Interno Bruto, indicador que mide el tamaño de la economía nacional. Entre los compromisos figuran deudas con proveedores de salud, programas educativos y pequeñas empresas que trabajaron con el Estado.
Dentro de esos pagos pendientes aparecen cerca de USD 268 millones adeudados a 9986 pequeñas y medianas empresas proveedoras. También se registraron compromisos asociados a gratuidad universitaria, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y prestadores del sistema público de salud. La información ubica los pagos atrasados como una de las áreas centrales de riesgo fiscal.
La auditoría también observó más de USD 3170 millones en contrataciones mediante trato directo o compra ágil. Ambos mecanismos permiten adquisiciones abreviadas, pero la revisión indicó casos donde existían condiciones para licitaciones públicas. El costo fiscal estimado por estas prácticas fue calculado en USD 760 millones, de acuerdo con los antecedentes presentados.
Organismos bajo investigación
Con los mayores montos observados figuran la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y el Registro Civil. También fueron mencionados el Servicio de Salud Sur y hospitales ubicados en La Florida, Puerto Montt, Viña del Mar e Iquique. La revisión incluyó operaciones de compra directa y compras ágiles repetidas al mismo proveedor.
El Gobierno instruyó investigaciones en cuatro áreas: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En esos organismos se revisarán programas de alimentación escolar, rendiciones pendientes, gobernanza financiera y recursos destinados a investigación. También se detectaron cerca de USD 150 millones pendientes por subsidios asociados a licencias médicas.
Las auditorías específicas determinarán si los antecedentes deben remitirse a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado o al Ministerio Público. El procedimiento permanece en etapa preliminar y se concentra en documentos, pagos, rendiciones y mecanismos de contratación.
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