Foto: Gobierno de Chile
El proyecto de ley de Responsabilidad Parental firmado por el presidente José Antonio Kast busca hacer exigible el deber de cuidado de madres, padres y cuidadores. La propuesta apunta a la formación, orientación y supervisión de menores, con medidas preventivas, apoyo familiar y sanciones civiles cuando exista incumplimiento grave.
La firma ocurrió en la comuna de Independencia, en Chile, con participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. La iniciativa responde a hechos de violencia, conductas de riesgo e ilícitos protagonizados por personas menores de 18 años.
El cambio central está en llevar estos casos a tribunales de familia mediante un procedimiento especial y más expedito. Esa vía permitiría actuar antes de que las situaciones escalen hacia daños mayores o nuevos hechos de riesgo.
Qué cambia para padres y cuidadores
La propuesta convierte los deberes de cuidado, formación y supervisión en obligaciones exigibles ante jueces de familia. En la práctica, los tribunales podrían evaluar si hubo falta de guía, orientación o supervisión parental en casos específicos.
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Estas medidas contemplan programas de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar y atención psicológica o psiquiátrica. Estas herramientas buscan apoyar a las familias antes de aplicar sanciones más intensas por incumplimientos persistentes.
Cuando se acredite una falta grave y sostenida, el proyecto permitiría multas y restricciones de derechos familiares. Entre las sanciones mencionadas están la pérdida de derechos sucesorios y la suspensión o pérdida de la patria potestad.
La patria potestad se refiere a facultades legales vinculadas con derechos y deberes familiares sobre menores no emancipados. Su suspensión o pérdida representaría una medida de mayor intensidad dentro del esquema gradual planteado.
El proyecto también contempla la pérdida del derecho a solicitar alimentos en determinados casos graves. Esa sanción operaría cuando el incumplimiento persistente de deberes parentales afecte el interés superior del menor.
Reparación para víctimas y alcance civil
Otro eje del proyecto es agilizar indemnizaciones cuando menores causen daños a terceros. Las personas afectadas podrían demandar a padres o cuidadores si el hecho deriva de falta de cuidado y educación.
El ministro Fernando Rabat explicó que el régimen se aplicaría en materia civil, no penal. Por ello, la iniciativa no plantea cárcel para padres o cuidadores, sino sanciones económicas, formativas o familiares.
Kast sostuvo durante la actividad: "Hagámonos cargo de nuestros hijos". También afirmó que "los primeros llamados a cuidar a los niños, más que el Estado. son los padres y los apoderados".
La iniciativa mantiene como principio el interés superior de menores y adolescentes en cada decisión judicial. Los jueces deberían considerar las circunstancias de cada grupo familiar antes de ordenar apoyo, reparación o sanciones.
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