Ciudad de México ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Noboa se han intensificado en Ecuador, pese al estado de excepción declarado en diez provincias del país. La movilización, liderada por comunidades indígenas y respaldada por organizaciones estudiantiles, comenzó tras el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel, y ha derivado en enfrentamientos, detenciones y acusaciones por parte de organismos internacionales.
El 7 de octubre de 2025, el Ejecutivo denunció un presunto intento de asesinato contra Noboa durante una visita oficial a la provincia de Cañar, donde manifestantes atacaron su convoy. Según Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, alrededor de 500 personas "estuvieron lanzando piedras" y se observaron "signos de bala" en el vehículo. No obstante, análisis técnicos cuestionan esta versión. El experto en armas Amael Kotlarski, consultado por BBC Verify, afirmó que los daños "son más consistentes con piedras o proyectiles lanzados a mano". Similar opinión sostuvo Lewis Galvin, de la consultora Sibylline.
El gobierno ha calificado los actos como terrorismo y anunció cargos de intento de asesinato para cinco detenidos. La Conaie, organización indígena nacional, denunció "detenciones arbitrarias" y una "brutal acción policial y militar", señalando que entre los agredidos hay "mujeres de la tercera edad".
Las protestas comenzaron el 18 de septiembre, cuando el gobierno eliminó el subsidio al diésel, con el argumento de que generaba un gasto anual de 1.100 millones de dólares. La medida elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón, lo que, según sus críticos, afecta gravemente a pequeños agricultores, pescadores y comunidades indígenas. En respuesta, la Conaie declaró un paro nacional "inmediato e indefinido".
Los últimos intentos de retirar este subsidio, durante los gobiernos anteriores, también provocaron manifestaciones masivas. Sin embargo, Noboa afirmó en la red X: "Quienes opten por la violencia enfrentarán la ley. Quienes actúen como criminales serán tratados como criminales".
Tras el aumento de la tensión, el mandatario decretó estado de excepción, inicialmente en siete provincias, luego ampliado a diez. También se suspendió el derecho a la libertad de reunión por sesenta días. El 28 de septiembre se registró la primera víctima mortal: Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha. Según la Conaie, murió por un impacto de bala de las Fuerzas Armadas, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.
Diversas organizaciones han denunciado un deterioro de los derechos fundamentales en el país. Amnistía Internacional alertó sobre posibles detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y la apertura de procesos penales que califica como abusivos. También reportó congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales. "La represión a las protestas, los ataques a la Corte Constitucional y la insistencia en una estrategia de seguridad militarizada sitúan a Ecuador en la lista de países que experimentan un preocupante auge de prácticas autoritarias", afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de la organización.
A medida que continúan las movilizaciones y se acumulan denuncias de violaciones a los derechos humanos, el país enfrenta una crisis social con impacto directo sobre la estabilidad institucional y el ejercicio de las libertades civiles.