Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Philip Verges, un empresario de 59 años residente de Dallas, Texas, fue acusado formalmente por un gran jurado federal bajo cargos de fraude financiero y lavado de dinero. Según los documentos presentados en la corte, se alega que coordinó un plan el cual operó desde enero de 2017 hasta agosto de 2022. Habría utilizado cinco empresas que cotizan en bolsa para generar pérdidas las cuales ascienden a 211 millones de dólares para inversores.
De acuerdo con la acusación, Verges controlaba estas empresas a través de terceros quienes actuaban como nominados, ocultando su participación directa. Los nominados eran amigos de confianza del empresario que aceptaron desempeñar este rol para mantener su vínculo con las empresas fuera del conocimiento público. Paralelamente, estableció acuerdos de consultoría los cuales, según las autoridades, eran ficticios. Estos acuerdos le permitieron emitir pagarés convertibles, así pudiéndose transformar en acciones con valores significativamente inferiores a los precios de mercado.
La investigación también señala que Verges infló artificialmente el precio y el volumen de las acciones de estas empresas mediante la difusión de comunicados de prensa y estados financieros, ambos catalogados como falsos o engañosos por los fiscales. Una vez inflados los valores, los pagarés eran vendidos a intermediarios, quienes los convertían en acciones y las revendían a precios de mercado. Las ganancias obtenidas de estas operaciones eran compartidas entre los intermediarios y el propio Verges.
El presunto sistema causó importantes pérdidas económicas a los inversores, quienes adquirieron acciones infladas en valor, resultando en una disminución significativa de su inversión. En total, las pérdidas se estiman en una cifra de 211 millones de dólares.
Verges enfrenta un cargo de fraude de valores, que podría resultar en una pena máxima de 20 años de prisión, y dos cargos de lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 10 años. Según el procedimiento legal, un juez de un tribunal federal determinará la sentencia tras evaluar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Dicha investigación fue anunciada públicamente por Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta principal de la División Penal del Departamento de Justicia, y Gregory D. Nelsen, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Cleveland.
El Departamento de Justicia destacó la colaboración entre diferentes agencias para reunir pruebas que permitan avanzar en el caso contra Verges. No se descarta que surjan más detalles a medida del proceso judicial.