Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La reciente intensificación de la campaña militar de Estados Unidos en Venezuela reactivó el debate sobre sus verdaderos intereses en la región. El presidente Donald Trump anunció una nueva fase de la operación antidrogas, que por primera vez incluye bombardeos terrestres dirigidos a supuestas organizaciones criminales.
Durante una intervención en la Casa Blanca, Trump declaró: "No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo". De acuerdo al mandatario, esta ofensiva complementa una campaña naval la cual habría interceptado el 96% de los estupefacientes que llegaban por mar a Estados Unidos.
El despliegue incluye unos 15,000 efectivos, además del portaaviones USS Gerald R. Ford, buques de guerra, aviones F-18 y bombarderos estratégicos. Las operaciones se desarrollan principalmente en el Caribe y zonas cercanas a Venezuela, y forman parte de la operación Lanza del Sur.
Paralelamente a las acciones militares, Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas contra aliados del gobierno venezolano. Estas restricciones afectan a individuos y empresas señaladas por facilitar el narcotráfico o desviar recursos petroleros vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
El papel del petróleo en este escenario despertó cuestionamientos. Venezuela cuenta con 303,000 millones de barriles en reservas probadas, la mayor cifra a nivel mundial. Sin embargo, su producción actual, de alrededor de 860,000 barriles diarios, representa apenas una fracción del consumo global.
La industria petrolera venezolana enfrentó un profundo deterioro tras años de control estatal, falta de inversión y sanciones. Chevron es la única empresa estadounidense aún operando en el país, bajo una licencia especial otorgada por Washington. Su producción representa cerca del 20% del total nacional.
Desde sectores políticos en Estados Unidos se han sugerido oportunidades de negocio en Venezuela. "Venezuela, para las petroleras estadounidenses, será un festín", aseguró la congresista María Elvira Salazar. La legisladora planteó que empresas de su país podrían encargarse de reparar oleoductos y reactivar la producción.
No obstante, voceros del gobierno estadounidense reiteraron que la prioridad sigue siendo detener el tráfico de drogas. La secretaria de prensa Karoline Leavitt declaró: "la campaña se centraba en muchas cosas", pero subrayó que el objetivo principal es frenar el ingreso de narcóticos ilegales.
Algunos analistas, como Clayton Siegle, sostienen no haber evidencia concreta que demuestre un interés central en el petróleo. De todas maneras, reconocen que actores estratégicos como Rusia y China tienen influencia en Venezuela, lo cual también podría motivar parte del interés de Washington.
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de encubrir una operación de apropiación de recursos con la excusa del combate al narcotráfico. En varias ocasiones declaró que su gobierno enfrenta una agresión directa por parte de potencias extranjeras interesadas en el petróleo venezolano.
Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Venezuela no figura entre los principales exportadores de drogas hacia Estados Unidos. Las rutas de mayor volumen se concentran en Colombia, Perú, México y otras zonas del continente.
En este escenario, los bombardeos terrestres, las sanciones y los movimientos geopolíticos alimentan la incertidumbre sobre el futuro del país. Las motivaciones oficiales y las interpretaciones externas continúan en tensión, mientras crece el impacto regional de la ofensiva.
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