Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
Ante la ola de violencia en Perú, líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) enviaron un mensaje al gobierno de Dina Boluarte condenando su actuar contra los manifestantes. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, públicamente desconoció a Boluarte como la jefa del Ejecutivo de Perú.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se mostró enfático en solicitar el alto a las represiones contra los manifestantes que están en contra de la permanencia de Boluarte en el poder. El chileno dijo estar escandalizado por los más de 50 muertos y habló de un cambio de rumbo ante la violencia vivida en el país andino.
"No podemos ser indiferentes cuando hoy día, en nuestra hermana nación de Perú, bajo el mando de Dina Boluarte personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas", señaló Boric.
Xiomara Castro, condenó el golpe de Estado en Perú y a la agresión a la que está sometido el pueblo soberano. Asimismo, reconoció como presidente legítimo a Pedro Castillo, demandando su inmediata liberación. Lo anterior, provocó que Boluarte retirará la embajada de Perú en Honduras de forma definitiva.
Asimismo, el colombiano Gustavo Petro cuestionó por qué los presidentes elegidos de forma popular están presos y por qué se vulneran los derechos político-electorales por vía administrativa o por congresos. En ese sentido, invitó a un pacto democrático para que ni la izquierda o derecha renueva a su contrincante una vez llegado al poder.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exigió que cese la violencia y represión y sea el pueblo quien decida en elecciones sobre el destino de Perú. Al igual que Castro, solicitó la liberación de Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre del 2022.
En su intervención, Miguel Díaz-Canel dijo no reconocer el gobierno de Boluarte.
Finalmente, la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, señaló que Pedro Castillo mandó un mensaje en cadena nacional en el cual disolvía de forma incosntitucional el Congreso y la intervención del Poder Judicial. Según la canciller, las entidades estaban encargadas de investigar al mandatario por corrupción y de crimen organizado.
Como consecuencia y haciendo uso de sus facultades constitucionales, el Congreso destituyó a Castillo y posteriormente fue preso por el delito de rebelión. Por lo anterior, señaló que la situación actual del exmandatario fue provocada por él mismo.
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