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Las protestas en Perú se agudizaron a un mes de la destitución de Pedro Castillo. Enfrentamientos entre manifestantes y policías dejaron un saldo de 17 civiles y un miembro de las fuerzas del orden muertos, así como decenas de herido en Puno.
Miles de ciudadanos que toman las calles y carreteras del país sudamericano exigen el cierre del Congreso. Asimismo, algunos peruanos demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones en 2023 y cambio de constitución.
En la región de Cusco, se convocó a la ciudadanía a una movilización para manifestar su inconformidad y sus exigencias al gobierno. Adicionalmente, se realizará una vigilia en el exterior de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
Por su parte, Puno ha sido una de las regiones con mayor violencia registrada en las protestas. Vándalos infiltrados atacaron con piedras la sede del Ministerio Público en la entidad, según registran medios locales.
Asimismo, un oficial resultó herido por una turba en Puno, de acuerdo con el Ministerio del Interior, el agente conducía un patrullero, el cual fue incendiado con su compañero en el interior. Además, los protestantes robaron municiones, chaleco antibalas y armas de reglamento, llevadas por los policías.
Oscar Cáceres, alcalde de Juliaca, declaró a radio La Decana que Perú está viviendo una matanza entre peruanos. En ese sentido, realizó un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y no exponerse.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre, cuando Boluarte tomó posesión como presidenta del país tras la destitución de Castillo como presidente. Horas antes, el entonces presidente anunció la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno excepcional con supresión de garantías.
A lo largo del país, las protestas se suspendieron por las fiestas del fin de año, pero se reanudaron el miércoles 4 de enero. Durante las manifestaciones, se han contabilizado 40 fallecimientos, según datos oficiales.
De acuerdo con Alberto Otárola, jefe de gabinete, las protestas brutales en Puno se dieron tras un intento de asalto del aeropuerto de la ciudad de Juliaca. Otárola aseguró que los manifestantes iniciaron las agresiones con armas improvisadas y con doble carga de pólvora provocando una "situación extrema".
Manifestantes han tomado las carreteras de Perú, incluyendo aquellas que conectan con destinos turísticos como Puno, Cusco y Arequipa.
Si bien, Boluarte se considera de izquierda, las comunidades y militantes que apoyan a Castillo la ven como traidora. Por su parte, los sectores de la derecha respaldan su gobierno.
Ante los disturbios y las muertes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que visitará Perú entre el miércoles y viernes para observar la situación de derechos humanos.
Patricia Benavides, fiscal de Perú, comenzó con las investigaciones preliminares contra la mandataria, Otárola y el exministro de interior, Cesar Cervantes. El objetivo de Benavides es esclarecer la muerte de 28 civiles por disparos de los efectivos de la Policía Nacional y Ejército durante las protestas de diciembre.
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