Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela fue reformada para permitir que empresas privadas y extranjeras participen directamente en la industria petrolera. Esta modificación pone fin a un modelo que durante décadas reservó al Estado el control operativo sobre la exploración, producción y comercialización de petróleo.
Con la nueva normativa, las empresas no estatales podrán gestionar campos petroleros y vender crudo sin requerir una mayoría accionaria del Estado. Esto representa un giro frente al esquema de empresas mixtas vigente desde mediados de la década de 2000, que exigía a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una participación superior al 50% en todos los proyectos.
Uno de los cambios clave es la eliminación de barreras legales que limitaban la participación de actores privados en actividades fundamentales del sector. Ahora, el Ejecutivo puede autorizar directamente los contratos sin necesidad de aprobación legislativa, mientras que la Asamblea Nacional solo debe ser notificada.
En términos fiscales, la reforma conserva una regalía base de 30% por la explotación de crudo, pero permite su reducción según la viabilidad económica de los proyectos. Además, se autoriza al Ejecutivo a disminuir la tasa del impuesto sobre la renta aplicable a las actividades petroleras. También se eliminaron impuestos adicionales que estaban vinculados a leyes especiales sobre ciencia, deporte o programas sociales.
La nueva legislación introduce mecanismos alternativos para resolver disputas contractuales a través del arbitraje. Aunque el texto habla de "arbitraje independiente", no se precisa si estos procesos pueden realizarse en tribunales internacionales, una ambigüedad que genera incertidumbre jurídica dado el marco constitucional vigente.
En declaraciones oficiales, las autoridades señalaron que la ley está diseñada para ofrecer "seguridad jurídica" y atraer inversiones a través de un marco regulatorio "adaptado a las prácticas internacionales de este sector". También reafirmaron que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado.
De este modo, el nuevo marco legal genera interés entre empresas extranjeras que operaron previamente en Venezuela y se retiraron tras estatizaciones promovidas por reformas anteriores. Varias de estas compañías expresaron interés en regresar, en especial aquellas que fueron afectadas por expropiaciones o condiciones contractuales desfavorables.
Estados Unidos asumió un rol activo en este contexto. De acuerdo con declaraciones oficiales, el gobierno estadounidense respaldó la modificación legal como una vía para recuperar la industria petrolera venezolana y canalizar los ingresos derivados hacia fines humanitarios.
Según declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio: "Han aprobado una nueva ley de hidrocarburos que, básicamente, elimina muchas de las restricciones de la era de Chávez a la inversión privada en la industria petrolera".