Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
La ciudadanía por derecho de nacimiento, un concepto conocido como jus soli (derecho del suelo), volvió a ser un tema de debate internacional luego de la reciente decisión del presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva que busca eliminar este derecho en Estados Unidos. Esta decisión desató una ola de reacciones legales y sociales en el país.
En 2025, más de 30 países en el mundo siguen ofreciendo la ciudadanía automática a los niños nacidos en su territorio, sin importar la nacionalidad de sus padres. Estos países, mayoritariamente ubicados en América, incluyen a Canadá, México, Brasil y Argentina, entre otros, donde el jus soli sigue siendo una política clave. Sin embargo, en otras regiones como Europa, prevalece el jus sanguinis (derecho de sangre), que condiciona la ciudadanía al linaje de los padres.
Pese a las intenciones de Trump, la orden no puede implementarse con mucha facilidad ya que la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos gira en torno a la 14ª Enmienda de su Constitución, que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos". Esta protección fue la base del jus soli en el país desde 1868. Sin embargo, la reciente Orden Ejecutiva, temporalmente bloqueada por un juez, se encamina a restringir este derecho.
Más de 20 estados anunciaron que demandarán a la administración de Trump para proteger este principio, argumentando que su eliminación afectaría derechos fundamentales y tendría consecuencias legales y económicas significativas. Mientras tanto, expertos en migración, como Binu Varghese, directora regional de RIF Trust en India, señaló a NotiPress que esta incertidumbre está obligando a familias y potenciales inversores a replantear sus estrategias.
A nivel global, el continente americano es el más familiarizado con esta política siendo solo Colombia y algunas islas caribeñas las que aplican el derecho de sangre. En el resto del mundo, otros países que aplican el jus soli son Chad, Lesoto, Fiyi y Tuvalu.
Países como Canadá, México, Brasil y varias naciones del Caribe se destacan por mantener el derecho de ciudadanía por nacimiento. Canadá, por ejemplo, combina el jus soli con programas de residencia por inversión. Con una inversión inicial de 275,000 dólares canadienses, los residentes pueden optar a la ciudadanía tras cinco años, lo que garantiza que un niño nacido en el país durante ese periodo obtenga automáticamente la nacionalidad canadiense.
Mientras que en el Caribe, países como Antigua y Barbuda, Dominica, y San Cristóbal y Nieves también permiten que los niños nacidos en su territorio sean ciudadanos automáticos. Además, estos países ofrecen programas de ciudadanía por inversión que, con costos iniciales desde 200,000 dólares, permiten a las familias obtener pasaportes adicionales y ventajas fiscales, mientras aseguran el legado generacional de sus descendientes.
RIF Trust también argumenta que la posible abolición del jus soli en Estados Unidos podría impulsar el interés en programas alternativos como el visado EB-5, que exige una inversión mínima de 800,000 dólares. Este visado permite a los inversores y sus familias optar a la ciudadanía tras cinco años de residencia. Según especialistas, de aprobarse el cambio propuesto por Trump, muchos buscarán alternativas en el Caribe o Canadá, donde el derecho de nacimiento sigue siendo una política fundamental.
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