Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Una creciente automatización en la creación de contenido digital podría acarrear consecuencias legales para los usuarios, según advierte la firma legal Pérez Correa González, especializada en derecho tecnológico y financiero.
Un estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) analiza los desafíos legales y técnicos que plantea la inteligencia artificial generativa en materia de derechos de autor y creación de contenido, ofreciendo un marco para comprender las tensiones entre automatización y protección de creadores en el entorno digital.
De acuerdo con el estudio de la EUIPO, los proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general están obligados a cumplir con el artículo 4 de la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital (CDSM), que permite a los titulares de derechos optar por excluir su contenido del uso automatizado mediante técnicas de minería de texto y datos (TDM). Esta exclusión debe realizarse "de forma expresa, por medios apropiados y legibles por máquina", lo cual establece un marco legal claro para impedir el uso no autorizado de contenido protegido durante el entrenamiento de sistemas generativos.
El incremento de publicaciones generadas por inteligencia artificial (IA) ha provocado una saturación de historias motivacionales recicladas, frases prefabricadas y narrativas virales en plataformas digitales. De acuerdo con un estudio de Ahrefs, realizado en mayo de 2025, más del 70% de 900 mil páginas web creadas en abril de ese año contenían contenido parcial o totalmente automatizado.
Por su parte, un informe de Europol advirtió que hasta el 90% del contenido en línea será generado por IA para el año 2026, lo que dificultará distinguir entre discursos humanos y artificiales.
La firma especializada en asuntos legales compartió para NotiPress tres movimientos digitales que podrían derivar en conflictos legales si no se manejan con criterio y prudencia: la generación masiva de contenido artificial, la profesionalización digital sin respaldo y la amplificación de movimientos socio-digitales basados en información no verificada.
En el primer caso, los riesgos legales surgen cuando los usuarios contribuyen a la difusión de contenidos falsos, lo cual puede implicar difamación como fue el caso de la demanda de Donald Trump a la BBC, sanciones civiles o responsabilidad por los daños provocados. Esta situación se agrava con la proliferación de cuentas manejadas por modelos de lenguaje que operan bajo algoritmos de "cascada matemática" para reforzar ideas o desinformar.
Otro punto señalado es la creación de perfiles que aparentan autoridad profesional en redes sociales, sin contar con credenciales válidas. Estos perfiles, frecuentemente impulsados por IA, utilizan lenguaje técnico para simular experiencia, lo que puede derivar en fraudes, publicidad engañosa o usurpación de identidad profesional.
Finalmente, la expansión de movimientos sociales generados en entornos digitales ha derivado en acciones físicas como boicots o protestas, basadas en contenidos no verificados. Este fenómeno plantea desafíos jurídicos relacionados con la libertad de expresión, identificación de autores y responsabilidad por consecuencias transnacionales.
"Como creadores activos de contenido somos la primera línea de defensa para evitar difundir información financiera sin respaldo, dietas peligrosas, conductas de riesgo disfrazadas de disciplina o participar en movimientos que inciten a la violencia. Al final, seguir estas tendencias puede acarrear problemas legales", declaró Emilio Carrillo Peñafiel, socio de Pérez Correa González.
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