Foto: Carlos Martínez (NotiPress)
Desde marzo de 2023, el gobierno federal ha sostenido una ruta de diálogo y foros de trabajo para avanzar hacia la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. La iniciativa, respaldada por sectores sindicales, empresariales y autoridades, forma parte de los compromisos del llamado "segundo piso de la transformación".
En la conferencia matutina del 3 de diciembre, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presentó los detalles del acuerdo alcanzado. El esquema proyecta una disminución gradual de dos horas por año, iniciando en 2027 y alcanzando las 40 horas en 2030. Según el funcionario, no habrá afectaciones en salario ni prestaciones. "Esta reducción no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones", afirmó.
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la implementación escalonada busca evitar disrupciones operativas. Ante la pregunta de una reportera sobre posibles despidos o aumentos en automatización, respondió: "No implica mayores costos para el sector empresarial", en alusión a experiencias internacionales en donde jornadas más cortas coincidieron con alzas en productividad.
No obstante, desde mayo de 2025 diversas organizaciones empresariales alertaron sobre impactos estructurales. Un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que, con más del 60% de los trabajadores laborando más de 40 horas, la reforma generaría aumentos considerables en el costo laboral. Si las horas adicionales se cubren con tiempo extra, el incremento podría llegar a 36%. Contratar más personal implicaría un aumento cercano al 22%.
Ese mismo informe destacó que pequeñas empresas enfrentan cargas acumuladas por aumentos al salario mínimo, cambios en pensiones y vacaciones extendidas. Para el CEESP, la sostenibilidad operativa se ha debilitado, especialmente en un contexto de informalidad creciente y desaceleración económica.
Meses antes, en entrevistas y análisis difundidos en medios regionales, también se expusieron preocupaciones por parte de asesores empresariales. En Quintana Roo, la especialista Marilyn Torres estimó que al menos 40% de las microempresas podrían cerrar ante la imposibilidad de reorganizar turnos o asumir nuevos costos. "No cuentan con la capacidad para contratar más personal que pueda suplir los descansos", afirmó. Advirtió también sobre efectos emocionales en empresarios y empleados, así como un probable aumento en esquemas informales sin prestaciones.
El Congreso de la Unión deberá discutir el proyecto en los próximos meses. La reforma contempla cambios constitucionales y requerirá aprobación por parte de las entidades federativas. Aún no se ha definido el mecanismo de monitoreo ni los sectores que podrían tener esquemas diferenciados por tipo de operación o tamaño de plantilla.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
