Foto: Gustavo Torres (NotiPress/Composición)
Durante la presentación del estudio Reimaginando el futuro de la productividad en el sector público, se informó que únicamente el 14% de los organismos públicos en México dispone de un marco estructurado de gobernanza de datos. La exposición estuvo a cargo de Mario Ulloa, Advisory Business Development Specialist en SAS LATAM, en un evento al que NotiPress tuvo acceso.
La información presentada destaca una preocupación creciente entre los actores institucionales sobre el uso adecuado de tecnologías automatizadas. Ulloa señaló que "32 % de los mexicanos considera que hacen falta directrices para el uso responsable de la inteligencia artificial". Esta percepción se ve reflejada en la falta de normativas claras que aseguren el manejo ético, transparente y supervisado de los sistemas de automatización utilizados por entidades gubernamentales.
El estudio también aborda el escepticismo de una parte de la ciudadanía respecto al almacenamiento y uso de información confidencial por parte de algoritmos. Según los datos presentados, 26% de los encuestados manifestó incomodidad con el uso de tecnologías clasificadas como caja negra. Asimismo, 32% indicó no confiar en la gestión de sus datos personales bajo esquemas automatizados.
"Si no existe una estructura de gobernanza, los riesgos aumentan, no solamente por el mal uso de los datos, sino porque se pierde la capacidad de generar confianza entre los ciudadanos", expresó Ulloa. Esta afirmación refuerza la importancia de establecer mecanismos formales que definan responsabilidades, monitoreen la actividad de los modelos de IA y prevengan posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
Por otro lado, se detalló que a nivel global, 66% de las administraciones públicas ya ha comenzado a implementar modelos de gobernanza de datos. En contraste, México se ubica por debajo de ese promedio. Esta diferencia pone en evidencia una necesidad urgente de armonización regulatoria en el contexto nacional, especialmente frente al avance acelerado de soluciones tecnológicas en el ámbito público.
Además, Ulloa comentó que "las plataformas digitales deben construirse sobre un sistema que asegure consistencia en el tratamiento de los datos", remarcando que cualquier despliegue de inteligencia artificial requiere una base normativa clara. Sin estos elementos, las decisiones tomadas por sistemas inteligentes podrían carecer de supervisión y generar consecuencias administrativas o legales.
Frente a estos hallazgos, el estudio plantea una agenda pendiente en el diseño de estrategias públicas con fundamentos técnicos sólidos. El fortalecimiento institucional en materia de datos, la definición de responsabilidades y la vigilancia sobre tecnologías automatizadas serán determinantes para un desarrollo digital que preserve la confianza ciudadana.
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