Ciudad de México,
Martín Olivera
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Una de las mayores amenazas para la economía digital y la seguridad es el cibercrimen. Redes criminales operan a nivel transnacional, aprovechando las lagunas legales entre diferentes jurisdicciones para expandir sus actividades. Los ciberdelincuentes han adoptado modelos de negocio similares a los de empresas legítimas, desarrollando plataformas y servicios que pueden adquirirse en mercados clandestinos. Ante este escenario, los expertos destacan que una estrategia colaborativa es clave para reducir su impacto.
La cooperación entre los sectores público y privado ha demostrado ser una herramienta eficaz contra estas redes delictivas. Los gobiernos y las empresas comparten información y tecnología para identificar y desmantelar infraestructuras de cibercrimen. En 2024, por ejemplo, se llevaron a cabo múltiples operativos internacionales exitosos gracias a esta colaboración. Estos operativos incluyeron la intervención de servidores, el cierre de plataformas criminales y la detención de sospechosos.
El Foro Económico Mundial subraya la importancia de fortalecer estas alianzas para proteger a los usuarios, las empresas y las infraestructuras críticas. Las colaboraciones intersectoriales también permiten responder de manera más ágil y efectiva a incidentes de seguridad. Además, estas alianzas ayudan a compartir prácticas y conocimientos sobre amenazas emergentes y modos de operación de los ciberdelincuentes. La industria privada aporta tecnología avanzada y personal capacitado, mientras que las autoridades otorgan legitimidad y recursos para ejecutar las operaciones en diferentes países.
Debido al éxito de estas colaboraciones se incentivó la creación de redes de confianza entre expertos de distintos sectores y nacionalidades. Estos grupos de trabajo se mantienen activos, compartiendo inteligencia y estrategias innovadoras para combatir el cibercrimen. Los incentivos, como el reconocimiento público y el fortalecimiento de la ciberseguridad, motivan a las organizaciones privadas a participar en estas iniciativas. Al participar, las empresas mejoran sus defensas y fortalecen su imagen como líderes en ciberseguridad.
Sin embargo, los desafíos de coordinación y gobernanza en estos acuerdos intersectoriales siguen siendo un reto. Las diferencias en la regulación de datos y el manejo de la información pueden dificultar las operaciones. Por ello, los expertos recomiendan definir políticas claras y construir estructuras flexibles que faciliten el trabajo conjunto sin poner en riesgo la privacidad de los datos. Estas acciones no solo protegen a las organizaciones participantes, sino también a sus clientes y a la sociedad en general.
Para los analistas, una colaboración sólida entre gobiernos y empresas privadas podría disuadir a los ciberdelincuentes al aumentar los riesgos de sus actividades ilícitas. Con la inversión en alianzas público-privadas, se busca hacer que el cibercrimen sea un negocio menos rentable y más riesgoso.