Ciudad de México,
Martín Olivera
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El gobierno de Australia retiró un controvertido proyecto de ley que buscaba multar a las plataformas digitales con hasta el 5 % de sus ingresos globales si no lograban controlar la difusión de información errónea. La medida, respaldada por el gobierno laborista, tenía como objetivo fortalecer las regulaciones sobre la desinformación en línea y otorgar a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA), por sus siglas en inglés, la capacidad de establecer reglas ejecutables para este propósito.
La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, había defendido la iniciativa como un esfuerzo crucial para combatir la desinformación que afecta la confianza pública y la democracia. "Este proyecto de ley habría marcado el comienzo de un nivel de transparencia sin precedentes, al exigir a las grandes tecnológicas que rindan cuentas de sus sistemas y procesos para prevenir y minimizar la propagación de información errónea y desinformación dañina en línea", señaló en un comunicado oficial.
Sin embargo, el proyecto enfrentó fuertes críticas tanto en el ámbito político como en la opinión pública. Rowland reconoció que no existía el apoyo necesario en el Senado para avanzar con la propuesta. "Con base en las declaraciones públicas y los contactos con los senadores, está claro que no hay ninguna vía para legislar esta propuesta a través del Senado", declaró.
El debate sobre el proyecto alcanzó su punto álgido cuando una versión revisada fue presentada en septiembre de 2023. Elon Musk, propietario de X, respondió a la propuesta con una publicación en la plataforma calificándola de "Fascistas". Además, líderes de la oposición, como el ministro de Comunicaciones en la Sombra, David Coleman, criticaron abiertamente la medida. Según Coleman, el proyecto habría llevado a las plataformas digitales a restringir excesivamente el contenido por temor a las multas, lo que constituiría un ataque a la libertad de expresión. "Este proyecto era un ataque impactante a la libertad de expresión que traicionaba nuestra democracia", escribió Coleman tras la retirada de la propuesta. También instó a la primera ministra a "descartar cualquier versión futura de esta legislación".
A pesar de la retirada del proyecto, Rowland enfatizó que el gobierno continuará buscando formas de abordar los desafíos digitales. En su declaración, instó al Parlamento a apoyar otras iniciativas, como una legislación dirigida a combatir las falsificaciones profundas, regulaciones para la inteligencia artificial y normas que garanticen la veracidad en la publicidad política durante las elecciones.
La falta de consenso político y las críticas sobre la posible censura generaron un debate amplio en torno al equilibrio entre la regulación gubernamental y la autonomía de las plataformas tecnológicas.