Iglesia católica se lanza contra la SCJN por amparos contra leyes antiaborto

 26-06-2023
Alondra Reyes
   
Foto: Sergio F Cara (NotiPress)

Foto: Sergio F Cara (NotiPress)

El 21 de junio del 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en su cuenta de Twitter su decisión de impulsar amparos contra leyes antiaborto. En este sentido, la SCJN considera la penalización del aborto un ejercicio que atenta contra los derechos humanos básicos de mujeres y personas con capacidad de gestar.

Un artículo de la revista católica Desde la Fe rechaza la idea de la legalidad del aborto como parte de los derechos humanos de millones de mujeres. "Mientras el negocio del aborto siga disfrazándose de una supuesta piedad por las mujeres, es importante seguir denunciando que la vida humana es instrumentalizada y valorada de manera desigual para los seres humanos", se lee en la editorial de la revista.

A pesar de la inclinación de la Iglesia católica al respecto, organizaciones internacionales recalcan que el aborto es un tema de salud pública y no religioso. Según las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (OHCHR), "el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos".

De acuerdo con la ONU, el Estado debe proveer a las mujeres de sitios seguros y libres en donde puedan ejercer esta práctica, sin miedo a la discriminación social, médica, religiosa o de otra índole. Según cifras de la OHCHR al año se llevan a cabo alrededor de 22 millones de abortos en condiciones de riesgo, de las cuales 47 mil terminan en muerte por complicaciones.

Algunas de las medidas que la OHCHR y la OMS consideran importantes, al contrario de la Iglesia católica, respecto al aborto están:

  • Difusión de información adecuada
  • Lugares seguros
  • Personal médico capacitado
  • Despenalización del aborto

Estos cuatro puntos no se encuentran al alcance de muchas mujeres, por diversos factores como los pensamientos sociales, la agenda política o las creencias religiosas, sugiere Naciones Unidas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación asegura, la penalización en la práctica del aborto es un acto de discriminación contra toda persona capaz de gestar.




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