Foto: Katerine Holmes en Pexels
De acuerdo con cifras del banco de indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020 consultadas por NotiPress, en México existen 90 millones 224 mil 559 personas católicas. Por otra parte, conforme con la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), la educación en México fue regularizada para establecer esta siempre será laica, gratuita y obligatoria para todos los habitantes en territorio nacional. De tal forma que, solamente las escuelas privadas pueden impartir clases de religión y con base en datos de la SEP el 15 por ciento de estas instituciones imparte educación de doctrinas religiosas en México.
Sin embargo, en otros países del mundo las escuelas son regidas bajo diversos parámetros sociales y culturales de acuerdo con su entorno. Por ejemplo, en el caso de Chile, la ley indica que la educación de culto está permitida en los centros educativos públicos y privados sin distinción. Y las clases de religión deberán ser impartidas de acuerdo con las creencias personales de los estudiantes, así como la autorización de los tutores.
Para que la educación religiosa sea posible, existen instancias y autoridades religiosas encargadas de elegir en su totalidad a los profesores que impartirán las asignaturas en los colegios. Debido a ello, en Chile existió un conflicto porque a una maestra se le prohibió dar clases de religión.
Fue en el año 2007, cuando a la profesora Sandra Pavez se le retiró de sus actividades como maestra por la decisión de las autoridades religiosas. Tras una carrera de 22 años formando estudiantes en la materia religiosa, a Pavez le negaron el derecho de continuar realizando su profesión, solamente por su orientación sexual. Esto se vio desencadenado cuando las autoridades religiosas del colegio en el cual laboraba averiguaron las preferencias personales de la educadora. De tal manera que anularon su certificado de idoneidad, documento necesario para ejercer en Chile, esto debido a conductas inmorales que no se adecuaban con las creencias de la comunidad.
En ese mismo año, Sandra Pavez intentó acceder a un recurso de protección con las autoridades judiciales, pero este le fue negado y aunque la profesora no perdió su plaza en el colegio, no se le permitió seguir impartiendo clases. Debido a la negación de las autoridades, su lucha por denunciar el hecho discriminatorio duró más de 14 años. Y hasta 2019, Sandra Pavez llevó su situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siendo conocida como el caso "Pavez vs Chile", uno de los más controversiales en la lucha contra la homofobia.
Dos años después, en 2021 la CIDH declaró, Pavez había sido víctima de discriminación grave en la que el actuar del Estado chileno había permitido sus derechos básicos fueran violentados, además de su despido injustificado. Asimismo, mediante el veredicto se juzgó la necesidad de la regulación de las autoridades religiosas en Chile, para evitar otra situación de vulnerabilidad y discriminación a las comunidades menos protegidas. Por último, el caso de la maestra Sandra Pavez ha abierto el diálogo en Latinoamérica acerca de la discriminación por orientación sexual y el respeto a la privacidad de las personas.
Ante la apertura de la libertad sexual, no deberían presentarse casos de discriminación laboral o de algún otro tipo por la orientación sexual de una persona. Ya que, esos ámbito pertenecen a la vida privada y deben ser respetados en lugar de violentados. Por ello, casos como el de la profesora chilena, Sandra Pavez son relevantes porque son un parteaguas para discutir la libertad en el aula.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
