Foto: lopezobrador.org.mx
Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, dada la situación en el país ante la velocidad en que se propaga el virus SARS-CoV2 suspendiendo actividades no esenciales hasta el 30 de abril y los ciudadanos permanezcan en casa para contener la enfermedad.
Los derechos laborales deberán ser respetados y Ebrard enfatizó: "Las empresas o personas que se opongan a medidas dictadas por el gobierno de México tendrán sanciones administrativas y hasta penales".
El artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo no es aplicable en los términos en que se hace la declaratoria que señala "causa de fuerza mayor", por lo que se deben respetar los acuerdos laborales: "El pago íntegro a los trabajadores y de existir casos de reducción de salario será bajo este criterio que se tiene que respetar el ingreso de los empleados", explica para NotiPress Fernanda Menéndez, experta en derecho laboral y licenciada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México.
"Si realizaban una declaratoria de contingencia sanitaria como lo establece el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo estipula una reducción de salario a un salario mínimo o en caso de despidos a causa de la contingencia sanitaria, se tendría que abrir un juicio en Junta de Conciliación y Arbitraje" ejemplifica la licenciada Menéndez, por ello declara que para tal caso, Ebard puntualizó que la exposición legal no permite la aplicación de este artículo y de iniciar un proceso legal que señale este periodo declarado de fuerza mayor la ley sería aplicable en respeto a los derechos del trabajador.
Sin embargo, empresarios de pymes piden al Gobierno Federal acciones claras y concretas para pagar salarios completos con una productividad paralizada sin generar dinero debido a la emergencia sanitaria. El gobierno tampoco ha declarado incentivos fiscales adicionales para dar liquidez a las pymes o acuerdos de devolución de impuestos ante la crisis económica que podría derivar.
Uno de los sectores más afectados es el restaurantero, luego de la aplicación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya que queda prohibido la concentración masiva de personas en un solo lugar y después de este anuncio la incertidumbre pone en riesgo a las pymes.
A partir del 30 de marzo corresponderá el resguardo domiciliario con suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social al oficializarse la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor en el Diario Oficial de la Federación con respeto a los derechos humanos y laborales aplicables hasta el 30 de abril.
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