Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La escuela, que durante décadas funcionó como un espacio de resguardo cotidiano, hoy enfrenta escenas en donde se alteró esa idea básica de seguridad. Amenazas de tiroteo, mensajes en redes sociales, armas en mochilas y réplicas exhibidas dentro de edificios escolares instalaron una preocupación que atraviesa a la Argentina y ya ocupa a familias, docentes, directivos y jueces.
Mendoza concentró varios episodios recientes que ayudaron a mostrar la dimensión del problema. En Las Heras, un estudiante de 17 años ingresó a una escuela secundaria con una pistola de juguete y, según fuentes policiales citadas por MDZ, dijo que buscaba protestar por las medidas de seguridad vigentes. La investigación derivó en la aprehensión de su madre, acusada de haber instigado la acción.
Ese caso se sumó a amenazas escritas en baños de colegios del Gran Mendoza y a publicaciones con armas en redes sociales. La intervención judicial alcanzó a menores identificados por intimidación pública, aunque en algunos expedientes no hubo imputación penal por tratarse de chicos inimputables. El foco oficial estuvo puesto en la circulación de amenazas, la búsqueda de impacto entre pares y la rápida propagación del miedo.
Fuera de Mendoza, otros hechos confirmaron que la inquietud ya no se limita a un distrito. En Rancul, provincia de La Pampa, un alumno de 13 años amenazó con "matar a tiros" a docentes y directivos, y la Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados a sus padres. En uno de esos procedimientos, la policía secuestró carabinas, una pistola, una escopeta, municiones y visores, de acuerdo con la información del caso.
El antecedente más grave ocurrió en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un alumno fue asesinado por un compañero dentro de un establecimiento educativo. Después de ese ataque, varias provincias reportaron amenazas similares, algunas vinculadas a mensajes virales que circularon entre estudiantes. La repetición en diferentes ciudades reforzó la idea de un fenómeno amplificado por redes, chats cerrados y conductas de imitación.
Las respuestas oficiales comenzaron a ordenarse alrededor de protocolos más específicos. En la provincia de Buenos Aires, las autoridades educativas enviaron pautas para actuar con "celeridad" frente a amenazas o presencia de armas. El instructivo dispone una cadena de aviso inmediato a directivos, inspectores y autoridades regionales, además de la denuncia formal ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente.
Cuando un estudiante exhibe un arma, el protocolo indica tratarla siempre como si estuviera cargada. También ordena intentar calmar al alumno, llamar al 911, evitar que otras personas manipulen el arma y dejar la retirada en manos de la fuerza pública. Superada la emergencia, las escuelas deben abrir intervenciones socioeducativas con estudiantes, familias y equipos técnicos.
Los casos también dejaron una señal incómoda para el sistema educativo: muchas amenazas aparecen después de mensajes inquietantes, aislamiento, conflictos previos o posteos violentos que no siempre reciben atención inmediata. Por eso, junto con controles y denuncias, las nuevas respuestas incluyen acompañamiento emocional, revisión de lo actuado y trabajo de prevención antes de que la violencia llegue al aula.