Foto: X @ramonjmestre
El Gobierno argentino, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), anunció la implementación de un plan de auditorías para controlar el uso de los fondos asignados a las universidades públicas. Esta medida que ha generado tensiones en el sector educativo, provocando marchas por parte de estudiantes y docentes. Miguel Blanco, director de la SIGEN, explicó que estas auditorías tienen como objetivo analizar el "uso de los fondos públicos que reciben las universidades", en medio de un contexto de creciente conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las autoridades universitarias.
Las protestas universitarias, que han movilizado tanto a docentes como a estudiantes, son una respuesta directa al veto presidencial que derogó la Ley de Financiamiento Universitario. Este acto intensificó la presión sobre el gobierno, que ahora busca auditar las finanzas de las universidades públicas, iniciando con la Universidad Nacional de La Matanza la próxima semana. Según Blanco, "las auditorías revisarán principalmente los convenios firmados y los sistemas de control interno de las instituciones". También aclaró que estas no afectarán la autonomía universitaria, evitando intervenir en temas como la designación de autoridades o la oferta académica.
El anuncio de las auditorías se produce en medio de una creciente demanda de rectores y sindicatos universitarios, que solicitan un ajuste de las partidas presupuestarias acorde con la inflación. Según estos sectores, la reducción del financiamiento ha afectado gravemente al poder adquisitivo del personal docente y no docente, generando una pérdida de aproximadamente el 30%.
Por su parte, Blanco subrayó que los resultados de las auditorías estarán disponibles al público y podrían publicarse en la página web del organismo. Además, advirtió que "en caso de detectarse indicios de corrupción, las investigaciones se derivarán a la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas".
Este nuevo plan de auditorías, en un momento de alta tensión entre las autoridades gubernamentales y las universidades, tiene como trasfondo una disputa creciente sobre la transparencia en el manejo de los fondos. La Universidad de Buenos Aires (UBA), en particular, ha sido señalada por el Gobierno debido a su resistencia a ser auditada en el pasado. Sin embargo, Blanco se mostró optimista respecto a la actual disposición de la UBA, destacando su importancia como la universidad más prestigiosa del país.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, defendió la transparencia de la institución en una entrevista reciente, señalando que "las universidades públicas tienen sistemas de auditoría interna y externa", y subrayando que la Auditoría General de la Nación ya ha auditado la UBA y continuará haciéndolo el próximo año.
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