Foto: Martín Olivera (Composición/NotiPress)
Un documento ingresado este lunes 15 de diciembre ante el Tribunal de Ética de la Conmebol profundizó la tensión entre el Gobierno nacional y la cúpula del fútbol argentino. La senadora Patricia Bullrich formalizó una denuncia contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción de la entidad sudamericana.
La presentación solicita abrir una investigación preliminar sobre operaciones patrimoniales, vínculos societarios y contrataciones con proveedores ligados a exdirigentes de la AFA, actualmente presidida por Claudio "Chiqui" Tapia. El documento se apoya en expedientes judiciales abiertos en Argentina, reportes de organismos de control y documentación administrativa.
Uno de los ejes de la denuncia es Real Central S.R.L., empresa conformada por un monotributista y una jubilada. La firma figura como titular de una propiedad de alto valor económico en Pilar, provincia de Buenos Aires, con helipuerto, pista de entrenamiento equino y vehículos de lujo. Según la denuncia, estos bienes "no guardan relación con la capacidad económica declarada de sus titulares".
El inmueble fue adquirido en 2017 por Carlos Tévez, pasó en 2023 a Malte S.R.L. —proveedora oficial de la AFA— y luego a Real Central. La denuncia indica que los socios de esta última fueron señalados como presuntos testaferros. Además, los gastos del predio estaban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a exfuncionarios de la AFA.
También se señalan contrataciones directas entre la AFA y Malte S.R.L. Según el Boletín N.º 6089 de la AFA, la empresa recibió un pago cercano a USD 550.000 para la instalación del sistema VAR. Aunque identificada como "proveedora oficial", la denuncia menciona vínculos con exautoridades del organismo.
En paralelo, se incorporan elementos de una causa judicial sobre Sur Finanzas, firma vinculada a Tapia, investigada por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. La investigación incluye más de treinta allanamientos y analiza un posible esquema de préstamos sobredimensionados a clubes de fútbol.
La presentación de Bullrich ocurre en un contexto de creciente conflicto institucional. El pasado 3 de diciembre, el Gobierno descartó una intervención formal sobre la AFA para evitar una posible sanción deportiva, según confirmó la Inspección General de Justicia. Días antes, el presidente Javier Milei había cancelado su viaje al sorteo del Mundial 2026, decisión interpretada como un gesto de distanciamiento frente a Tapia.
En declaraciones públicas, Tapia había advertido que "no es la primera vez que vivimos esto" y que su mandato continuará hasta el final del período vigente. Desde el entorno oficial, en cambio, persisten las observaciones contables, con balances no aprobados desde 2017 y más de USD 111 millones sin justificación contable, según la IGJ.
"El Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol resulta plenamente competente para intervenir en la presente denuncia", señala el texto. Bullrich solicitó una evaluación formal de los hechos y la aplicación de sanciones si se verifican faltas éticas. Indicó que la presentación podrá ampliarse conforme surjan nuevos elementos.
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