Congreso decide en sesión clave el destino de los vetos a salud y universidades

La Cámara de Diputados tratará la posible restitución de dos normas rechazadas por el Poder Ejecutivo. Una busca garantizar el financiamiento de los hospitales pediátricos, entre ellos el Garrahan; la otra propone mejoras económicas para las universidades nacionales. Ambos proyectos fueron vetados por el presidente Javier Milei, pero superaron el umbral de dos tercios en su aprobación original, lo cual habilita la posibilidad de insistir en su sanción.

Desde las primeras horas del día se prevé una amplia movilización frente al Congreso. Organizaciones estudiantiles, gremiales y sanitarias convocaron concentraciones en defensa de la salud pública y la educación superior. La sesión fue convocada para las 13:00, y el tratamiento de estos temas ocupará el primer tramo del debate.

Legisladores quienes no participaron en las votaciones previas podrían definir el resultado, en el caso del financiamiento universitario se registraron 18 ausencias, mientras que en la ley vinculada al Garrahan hubo 26. Diputados que responden a gobernadores o bloques aliados eventuales podrían inclinar la votación en uno u otro sentido, entre ellos, representantes del PRO aún no fijaron postura definitiva.

Mientras se delineaban las estrategias legislativas, el Gobierno nacional transfirió $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional a cuatro provincias: Entre Ríos, Chaco, Misiones y Santa Fe. Las asignaciones se realizaron por medio del ministro del Interior, Lisandro Catalán. Todas las jurisdicciones beneficiadas estuvieron representadas por legisladores quienes no acompañaron al oficialismo en las votaciones anteriores.

Anuncios del presidente por cadena nacional incluyeron incrementos presupuestarios para hospitales pediátricos y universidades. No obstante, días antes de estas medidas, la administración central redujo $40.267 millones destinados a instituciones universitarias y recortó cerca de $130.000 millones en fondos de obras públicas dirigidos a provincias.

El proyecto universitario establece un esquema de actualización automática por inflación en gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a enero de 2024. También contempla una recomposición salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y ajustes mensuales vinculados al índice de precios al consumidor. La iniciativa incluye auditorías de la AGN y también un refuerzo de becas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación implicaría un costo fiscal cercano a $1,9 billones para 2025, equivalente al 0,23% del PBI.

Respecto a la ley de emergencia pediátrica, contempla incrementos salariales para personal de salud. Además, la eliminación del impuesto a las ganancias en guardias y horas extra, autorización de compras directas de insumos y fortalecimiento del sistema de residencias médicas. Su financiamiento está previsto mediante reasignaciones presupuestarias y fondos de contingencia.

Tras el tratamiento de estos proyectos, se impulsarán emplazamientos a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Uno de ellos busca interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, tras la difusión de audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, por presuntas irregularidades.

Proyectos adicionales incluyen la limitación del uso de decretos de necesidad y urgencia, una propuesta ya aprobada en el Senado, y la creación de una comisión investigadora sobre muertes vinculadas al consumo de fentanilo adulterado. Ambas iniciativas fueron respaldadas por diversos bloques opositores.

Finalmente, se pondrán en consideración decretos firmados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Entre ellos, el DNU 62/25 el cual restringe terapias de adecuación de género a mayores de edad, el decreto 446/25 que modifica el estatuto de la Policía Federal, y el 396/25 que reorganiza el Instituto Nacional del Agua. Si se alcanza mayoría simple, los textos pasarán al Senado.