Foto: X @CFKArgentina
Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho acusados deberán restituir al Estado una suma millonaria. La resolución judicial del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), dictada en febrero de 2022, incluyó una condena a prisión, inhabilitación perpetua y un decomiso económico por irregularidades en contratos de obra pública.
El monto fijado inicialmente asciende a 84.835.227.378,04 pesos. Dicha cifra se calcula en función de la supuesta defraudación generada mediante 51 contratos adjudicados entre 2003 y 2015 a empresas del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez. Este monto será actualizado por organismos técnicos antes de exigirse el reintegro.
Por resolución del tribunal, los condenados deberán responder solidariamente por la devolución. Además de Cristina Kirchner y Báez, también fueron sentenciados Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. El TOF 2 aún no definió cómo se dividirá el total entre los imputados.
La sentencia incluyó fundamentos que describen una maniobra fraudulenta estructurada "detrás de una apariencia de licitud", que consistía en beneficiar a ciertas empresas en licitaciones públicas. Según los jueces, parte del dinero transferido por el Estado terminó en empresas familiares de la expresidenta.
Además del proceso penal, sigue activa una demanda civil por daños y perjuicios. Esta fue presentada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri y reclama 22.300 millones de pesos. El actual gobierno de Javier Milei impulsa una actualización del reclamo, dado que la cifra de perjuicio reconocida en sede penal superó los 84 mil millones.
En paralelo, el exvicepresidente Amado Boudou también enfrenta un proceso judicial por la devolución de fondos al Estado. El Ministerio de Capital Humano y la ANSES interpusieron una demanda para recuperar 236.066.031,25 pesos percibidos mediante una asignación mensual vitalicia. Dicha asignación fue retirada tras su condena penal en el caso Ciccone.
Boudou sostuvo que la asignación tenía "carácter alimentario" y su retiro fue "ilegítimo" e "inconstitucional". Sin embargo, la jueza federal de la Seguridad Social, Ana María Rojas, desestimó su pedido cautelar y señaló que el caso requería un análisis jurídico de fondo, no procedente en ese contexto.
ANSES explicó que el beneficio retirado no es previsional ni retributivo, sino graciable, y su otorgamiento depende del cumplimiento de requisitos legales. Al ya no cumplir esas condiciones, el Estado busca recuperar el monto percibido desde 2020. La Justicia tramita el reclamo ante el fuero civil y comercial federal.
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