Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Horas después de aprobarse por una amplia mayoría la ley de movilidad jubilatoria que recompone los ingresos acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Gobierno publicó una carta en la cual aseguró que vetará la medida que, según el oficialismo, "tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno". Sin embargo, el derecho a voto por parte del Ejecutivo está en duda, teniendo en cuenta la tendencia de ambas Cámaras legislativas a seguir adelante con el proyecto.
El tema tuvo lugar en la conferencia de prensa en Casa Rosada del vocero presidencial, Manuel Adorni, el 23 de agosto. "La irresponsabilidad de la vieja política conspira otra vez contra el equilibrio fiscal, condición necesaria para seguir con la pulverización de la inflación", aseguró el vocero.
Adorni afirmó que "esta ley que se ha aprobado atenta contra el superávit fiscal porque implica más gasto público y nosotros siempre decimos, y así lo vamos a cumplir, no importa lo que pase, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable". De acuerdo con el Gobierno, la medida aprobada por el Senado implica un gasto adicional del 1,2% del PBI.
"Para que quede claro, no hay prosperidad posible, no hay composición de salarios y no hay jubilaciones dignas en el futuro sin el equilibrio fiscal", aseveró el vocero. Además, señaló que el gobierno de Javier Milei actualizó la fórmula para que las jubilaciones aumenten acorde a la inflación "y no cuando se le antoje al presidente de turno como sí sucedió durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández".
De esta forma, arremetió contra la ley impulsada por el Senado, asegurando que cualquier medida que atente contra el equilibrio fiscal "será pan para hoy y mucha hambre para mañana". En este sentido, sumó que "esto nunca va a tener lugar en el gobierno del presidente Milei".
A su vez, apuntó contra los senadores: "Ellos saben que lo que plantean con esta ley es absolutamente infinanciable. Tan infinanciable es que ni siquiera se tomaron la molestia de cumplir con la ley y explicarnos dentro de ella cómo van a hacer para financiar esto que votaron". Es así como Adorni indicó que el veto a la ley "será total".
No obstante, el veto tiene un límite claro. De acuerdo con la ley legislativa, si el Presidente veta una ley, esta debe volver al Congreso el cual decide si aceptar el veto o insistir en su sanción. Si ambas Cámaras cuentan con dos tercios de los votos, tal como sucedió con el tratamiento de la reforma jubilatoria, la ley se promulga pese a la posición del Presidente.
Al insistir en el equilibrio fiscal, Adorni mencionó los posibles caminos para vetar la ley. Uno de ellos puede ser judicializarla debido a que, según el vocero, es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera. "Esto atenta contra el plan del Gobierno, esto atenta contra lo que votaron los argentinos y esto no es más que pura demagogia populista", afirmó Adorni. De todos modos, se están evaluando todas las opciones disponibles.
Por lo tanto, el Ejecutivo buscará la forma de tirar abajo esta ley, la cual aumenta las jubilaciones a la par de la inflación. Mientras tanto, la promulgación de la misma representa un segundo golpe al Gobierno no solo por parte del Poder Legislativo sino también de los sectores afines a la administración de Milei como es el PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, quienes le dieron la espalda dos veces en una misma semana.
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