Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La discusión sobre la obligatoriedad de la educación cobró protagonismo en el escenario político tras las recientes declaraciones de Alberto Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza, quien expresó su escepticismo hacia la imposición de la educación obligatoria, contrastando con la postura de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Este debate puso en relieve las diferencias ideológicas dentro del gobierno suscitó un importante diálogo sobre los derechos y deberes en la educación de los menores.
Anteriormente, Benegas Lynch, en una entrevista radial, argumentó que la educación debería ser una responsabilidad parental y no una obligación impuesta por el Estado. Esta declaración generó diversas reacciones, incluyendo la de la ministra Pettovello, quien a través de una publicación en redes sociales, remarcó la importancia de la tutela estatal y de la sociedad civil en la educación, refutando la idea de soluciones extremas que desligan completamente al Estado de este rol.
Pettovello enfatizó que, aunque la educación obligatoria ha sido criticada por derivar en ocasiones en adoctrinamiento o monopolio ideológico, el abandono de esta no debe ser visto como la solución. Según ella, el Estado debe fomentar la libertad educativa, regulándose a sí mismo y evitando abusos de poder.
Así, la discusión se enmarca en un contexto más amplio donde la educación y su obligatoriedad son objeto de debate. La ministra recordó que la propuesta de educación obligatoria surge del pensamiento humanista liberal, con el objetivo de promover la libertad de los menores. Por su parte, Benegas Lynch resaltó las realidades económicas y sociales que, a su juicio, complican la asistencia escolar obligatoria en algunas familias, especialmente en contextos de necesidad laboral infantil.
Este intercambio de posturas refleja las diferencias de visiones existentes entre la autonomía familiar en la educación de los hijos y el papel del Estado en garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental. Mientras algunos argumentan a favor de la libertad parental para decidir sobre la educación de sus hijos, otros subrayan la necesidad de una educación obligatoria como mecanismo de igualdad de oportunidades y desarrollo integral de los menores.
Un debate surgido del propio gobierno desafía a la opinión ciudadana por sus implicaciones políticas y también por las profundas consecuencias sociales de la visión expresada por Benegas Lynch. Un punto medio de esta discusión podría definir el futuro de la política educativa del país, marcando un precedente en cómo se entiende y se aborda la educación en el contexto de los derechos humanos y la libertad individual.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
