Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Los fondos internacionales con deuda en default de Argentina solicitaron a la Justicia de Estados Unidos acceder a las acciones de YPF como forma de pago. La presentación ocurrió tras la orden del 1 de julio de 2025, cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dispuso transferir el 51% de las acciones estatales de la petrolera para saldar litigios vinculados con su expropiación.
Preska ordenó que la Argentina pague con las acciones de YPF las sentencias de primera instancia a favor de Burford Capital y Eton Park. Estos fondos adquirieron los derechos de litigar tras la estatización realizada por el Estado argentino en 2012. En el fallo se establece: "no hay ninguna limitación territorial expresa que prohíba la entrada en vigor de una orden de entrega la cual requiera la transferencia de dinero o propiedad a Nueva York desde otro estado o país".
Luego de esta decisión, nuevos demandantes pidieron sumarse a la ejecución del fallo para cobrar con esas acciones. Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master presentaron la denominada orden "me too" que les permitiría acceder a esos activos.
Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, explicó a La Nación: "Beneficiarios de un fallo por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado". Estos fondos sostienen que tienen prioridad porque sus sentencias fueron dictadas previas a las de Burford y Eton Park.
Algunos de estos acreedores están representados por Dennis Hranitzky, abogado que en 2012 logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana mientras asesoraba a NML - Elliott Capital Management. Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro, indicó: "Preska ya dictó en favor de uno, Bainbridge (US$95 millones) una orden igual a la que obtuvo Burford por YPF, y ayer el otro, el grupo liderado por Attestor (US$259 millones), le pidió a Preska lo mismo".
Preska también sostuvo que la ley argentina no impide la ejecución de sentencias extranjeras. En su escrito señaló: "Los gobiernos extranjeros no pueden simplemente invalidar las excepciones a la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), al invocar su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos".
El 2 de julio de 2025, el gobierno argentino solicitó la suspensión de la ejecución del fallo. Esto es hasta que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito se pronuncie sobre la cuestión de fondo. De manera paralela, prepara una apelación formal que deberá presentarse antes de mediados de julio, en la cual también participa YPF.
Durante 2016, el gobierno argentino pagó US$9.300 millones a otros fondos holdouts y logró levantar las medidas cautelares que bloqueaban los pagos a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Sin embargo, algunos acreedores no aceptaron los acuerdos y mantuvieron sus demandas vigentes en tribunales de Nueva York.
El monto reclamado por la expropiación de YPF asciende a US$16.100 millones más intereses, cifra que el Estado argentino busca reducir mediante la apelación. Burford y Eton Park también apelaron porque pretenden que YPF sea declarada responsable solidaria en el pago.
Las tres partes involucradas, Argentina, YPF y los fondos, ya presentaron sus escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Resta conformar un panel de tres jueces y fijar la fecha para la audiencia, que podría celebrarse en los próximos meses.
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