Foto: YPF
Ante el fallo más costoso de la historia argentina, el Poder Ejecutivo solicitó formalmente suspender la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en Nueva York, que dispone transferir el 51% de las acciones de YPF a Burford Capital y otros demandantes. Aunque los resultados son inciertos, el Gobierno utilizará todas las herramientas a su alcance para impedir el pago de 16 mil millones de dólares.
La estrategia legal de la Casa Rosada incluye una apelación en trámite ante la Corte del Segundo Distrito, con el objetivo de evitar la ejecución inmediata y revisar los fundamentos económicos de la condena. Durante los próximos días, la defensa argentina avanzará con nuevas presentaciones judiciales las cuales se busca impedir el traspaso de activos estatales sin la intervención del Congreso. La defensa argentina sostiene que el fallo contiene elementos jurídicamente discutibles, tanto en su origen como en su aplicación práctica.
Los orígenes del conflicto en torno a YPF
El juicio comenzó tras la expropiación de la petrolera en 2012, cuando el Estado nacional tomó control del paquete accionario que pertenecía a Repsol. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen, reclama compensaciones por no haberse respetado el estatuto societario, en particular la obligación de lanzar una oferta pública al resto de los accionistas.
Preska falló en 2023 a favor del fondo demandante y fijó una indemnización de 16.100 millones de dólares, monto que contempla intereses acumulados desde la fecha del supuesto incumplimiento. En junio de 2025, la magistrada ordenó iniciar la ejecución mediante la entrega de acciones en un plazo de 14 días.
Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro, afirmó en una entrevista con LN+: "El fallo de Preska está apelado en una cámara y debe decidirse. Hay una gran posibilidad técnicamente hablando de que el monto de la sentencia, es decir, los US$ 16 mil millones, se reduzca gravemente, porque la jueza tomó en consideración para calcular ese monto el tipo de cambio aplicable en la fecha de incumplimiento y no el tipo de cambio aplicable en el dictado de la sentencia".
Sebastián Soler, abogado argentino matriculado en Nueva York, coincidió con ese análisis y explicó: "Según plantean los abogados de nuestro país, el estatuto de YPF contempla que la oferta de compra a los accionistas minoritarios se haga en pesos y la ley de Nueva York establece que la conversión a dólares de una obligación denominada en moneda extranjera debe calcularse a la fecha de la sentencia (2023) y no, como dispuso Preska, en la fecha del incumplimiento (2012). Por sí solo, ese planteo bastaría para reducir de miles a cientos de millones el monto en dólares de la indemnización si la Cámara lo acepta".
Mientras se resuelve la apelación, la sentencia permanece activa y susceptible de ejecución inmediata. En Estados Unidos, las decisiones de primera instancia poseen fuerza operativa aun en revisión. La Procuración del Tesoro argumenta que una entrega inmediata de las acciones generaría consecuencias irreversibles para el patrimonio estatal, especialmente si instancias superiores modifican la condena.
Finalmente, el Gobierno evalúa solicitar una suspensión adicional ante el tribunal de apelaciones si Preska rechaza la petición inicial. Esta alternativa permitiría dilatar la transferencia de acciones y extender los plazos del proceso. El resultado dependerá de la interpretación legal sobre el estatuto de YPF, la legislación estadounidense y el método de cálculo utilizado para determinar el monto final.
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