Los operativos del ICE llegaron para cumplir uno de los principales objetivos de Donald Trump, pero las críticas señalan varias violaciones a la Constitución de Estados Unidos
Una de las marcas insignias de la administración Trump se encuentra actualmente bajo un severo escrutinio público luego de la muerte de dos civiles en Minneapolis. Se trata del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, esta dependencia del Departamento de Seguridad funada en 2003 ha protagonizado una serie de operativos en las calles de varias ciudades estadounidenses con el objetivo de capturar inmigrantes ilegales.
Si bien el uso de la fuerza a cielo abierto es parte de un plan premeditado del presidente Trump para capturar a inmigrantes irregulares, varios tribunales federales, organizaciones civiles y académicos denunciaron que las prácticas del organismo podrían no sólo ser excesivas sino también estar violando enmiendas fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.
Uno de los puntos más críticos gira en torno a la Cuarta Enmienda, que protege a la ciudadanía contra registros e incautaciones arbitrarias. Diversos testimonios y documentos legales señalan que agentes de ICE han ingresado a viviendas privadas utilizando únicamente órdenes administrativas, sin la firma de un juez.
Adicionalmente, se han reportado detenciones erróneas de ciudadanos estadounidenses, lo que representa una extralimitación de la autoridad legal de ICE. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han documentado arrestos sin verificación adecuada del civil.
En el ámbito del debido proceso, se han presentado demandas colectivas en ciudades como Chicago, alegando condiciones inhumanas en los centros de detención. Testimonios describen celdas con luces encendidas las 24 horas, falta de acceso a duchas por varios días y sobrepoblación donde los detenidos debían dormir en el suelo.
Una madre deportada relató haber firmado documentos de salida voluntaria en un idioma que no comprendía, creyendo falsamente que podría regresar en cinco años, cuando en realidad la prohibición era de diez.
Casos de negligencia médica también figuran entre las denuncias. Fernando Viera Reyes, detenido en California, declaró haber sido privado de tratamiento urgente a pesar de padecer cáncer de próstata. "Había escuchado que en detención no recibiría atención médica, pero vivirlo es sufrir de verdad", afirmó en su testimonio bajo demanda colectiva.
Desde el punto de vista legal, académicos como Robert Weisberg, profesor de derecho de la Universidad de Stanford, calificaron como una "extensión ilegal" la entrada forzada a domicilios sin orden judicial. David Schultz, de la Universidad Hamline, cuestionó el uso de armamento letal para tareas de control migratorio, una función de carácter civil.
Por su parte, tribunales de varios estados han abordado las implicaciones de la Décima Enmienda, que establece que los poderes no delegados al gobierno federal ni prohibidos a los estados están reservados a los estados o al pueblo. En Minnesota, un juez federal está evaluando si el despliegue masivo de agentes federales durante la llamada "Operación Metro Surge" constituye una ocupación inconstitucional al interferir con la soberanía estatal.
Uno de los puntos más debatibles es la obediencia arbitraria de la Segunda Enmienda. Con la muerte de Alex Pretti a manos del ICE el 24 de enero en Minneapolis, el Gobierno federal sostiene que el manifestante portaba armas muy letales para participar de una movilización.
Sin embargo, la acusación contradice la histórica defensa del ala dura del trumpismo a la portación de armas. Según las autoridades estatales, Pretti tenía licencia para poseer armas en Minnesota y estaba autorizado a portar un arma oculta, a pesar de que ningún video lo muestra sacando el arma.
"La administración Trump ―no solo uno, sino varios funcionarios― salió a decir cosas como que no se debe portar un arma en las calles de la ciudad", afirmó Walter Olson, investigador principal del Cato Institute. "Este es un giro radical, un verdadero giro de 180 grados respecto a la postura conservadora", afirmó a DW.
Muchos críticos aseguran que el accionar desplegado por el ICE es equiparable al accionar policial que se puede observar en países autoritarios como Rusia o Irán. En este sentido, Minneapolis parece haber provocado un punto de quiebre, o al menos una fuerte sacudida, dentro del gabinete de Trump.
Las protestas cada vez más álgidas, sumadas a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, provocó el relevamiento de Gregory Bovino, así como de la llegada de Tom Homan, apodado el "zar de la frontera", lo cual también representó un cuestionamiento implícito a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, una de las autoras intelectuales de las redadas del ICE, quien minimizó la gravedad de la muerte de Pretti.