Foto: Colpensiones
El 16 de enero de 2025 finaliza el plazo establecido en la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) para que los afiliados a Colpensiones que no pertenezcan al régimen de transición elijan su Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI). Esta disposición aplica a quienes tengan ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos mensuales, equivalentes a $3'274.050. Hasta esa cifra, los aportes continuarán en el Componente de Prima Media, gestionado por Colpensiones, y cualquier monto adicional será administrado por la ACCAI que el afiliado haya seleccionado.
Aquellos afiliados que no realicen la elección antes de la fecha límite serán asignados de manera aleatoria a una de las cuatro entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC): Protección, Porvenir, Skandia y Colfondos. A partir del 1 de julio de 2025, cuando entre en vigor la Ley 2381, los aportes que excedan los 2,3 salarios mínimos mensuales comenzarán a ser administrados por la ACCAI asignada. La norma también le permite a los afiliados cambiar de administradora una vez transcurridos seis meses desde el inicio de la vinculación.
Según lo establecido en la reforma, las empresas que deseen operar como ACCAI deberán cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y obtener la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entre las entidades habilitadas para constituir y administrar una ACCAI se encuentran sociedades administradoras de fondos de pensiones, fiduciarias, aseguradoras de vida, comisionistas de bolsa, Colpensiones y entidades sin ánimo de lucro autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera.
La SFC se encargará de publicar y actualizar en su sitio web el listado oficial de ACCAI autorizadas. El objetivo es que los aportantes puedan verificar qué entidades cumplen con las condiciones necesarias para administrar sus aportes al Componente Complementario de Ahorro Individual, como parte del Pilar Contributivo del nuevo sistema de protección social integral el cual regirá a partir de mediados de 2025.
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