Foto: Patricia Manero (NotiPress/Composición)
Nicaragua concedió asilo político al exdirector de inteligencia colombiano Carlos Ramón González, requerido por la justicia de su país, en un hecho que generó una inmediata condena oficial de Bogotá. La Cancillería y el Ministerio de Justicia afirmaron que la decisión contradice el tratado bilateral de extradición firmado en 1929 entre ambos Estados.
El comunicado conjunto difundido la noche del 21 de agosto indicó: "Este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial". Con esa declaración, el gobierno colombiano reiteró la solicitud de entrega de González, procesado por delitos de cohecho, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.
Carlos Ramón González ocupó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En mayo de 2025, la Fiscalía lo imputó por presuntas órdenes de sobornos superiores a 4 mil millones de pesos destinados a congresistas. Según la acusación, esos recursos buscaban impulsar proyectos legislativos impulsados por el Ejecutivo.
Igualmente, el presidente Gustavo Petro había anunciado el 15 de agosto que solicitaría la extradición en caso de confirmarse la residencia del exfuncionario en Managua. Dos días después, la Embajada de Colombia en Nicaragua envió la nota diplomática correspondiente, acompañada de documentos judiciales. Petro compartió en su cuenta de X el texto remitido por el encargado de negocios de la sede, Óscar Iván Muñoz Giraldo, donde se oficializó el pedido.
Previo a ese trámite, informes periodísticos señalaban que González permaneció durante cinco meses en la Embajada de Colombia en Managua, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, periodo en el cual León Fredy Muñoz ejercía como embajador. Posteriormente, se regularizó la residencia del exdirector en territorio nicaragüense, situación que permitió la concesión de asilo político anunciada esta semana.
Además, el otorgamiento de protección internacional por parte del gobierno de Daniel Ortega ocurre en medio de tensiones diplomáticas persistentes. Aunque el tratado de 1929 establece procedimientos para la entrega de personas procesadas, Managua invocó el derecho de asilo, priorizando esa figura jurídica sobre los compromisos de extradición.
González, además de su paso por el DAPRE y el DNI, fue fundador de la Alianza Verde e integrante del movimiento M-19. Sus vínculos políticos y su trayectoria pública lo mantuvieron en el centro de la atención mediática, especialmente por su participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En ese caso, fiscales colombianos lo señalan de ordenar sobornos a congresistas a cambio de favores legislativos.
Así, el episodio añade un componente de incertidumbre a las relaciones entre Bogotá y Managua. Mientras Colombia mantiene su exigencia de extradición sustentada en un tratado de casi un siglo de vigencia, Nicaragua consolidó su posición mediante la figura de asilo. El desenlace del caso dependerá de decisiones estatales que trascienden el ámbito jurídico y se ubican en el terreno de la cooperación internacional.
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