Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)/ Imagen ilustrativa
La emergencia económica decretada en Colombia tras el terremoto del 10 de agosto recibió respaldo judicial, aunque con restricciones que condicionan las decisiones del Gobierno. La Corte Constitucional autorizó las facultades extraordinarias para enfrentar la catástrofe, pero prohibió utilizarlas para cubrir problemas fiscales o necesidades anteriores al desastre.
El fallo responde al sismo de magnitud 7,4 que afectó varias regiones colombianas y dejó 335 muertos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos, según el balance oficial del 10 de octubre. La decisión quedó establecida en la Sentencia C-366 de 2026, aprobada por siete magistrados frente a uno.
La emergencia económica, social y ecológica es un mecanismo constitucional que permite al presidente expedir decretos con fuerza de ley sin aprobación previa del Congreso. Estas facultades buscan acelerar la respuesta ante situaciones extraordinarias, aunque permanecen sujetas al control de la Corte Constitucional.
Cada declaratoria puede durar hasta 30 días, mientras la duración acumulada de estos estados de excepción no puede superar 90 días durante un mismo año.
Uno de los límites más importantes impide utilizar recursos recaudados, obtenidos mediante préstamos o redistribuidos durante la emergencia para cubrir el déficit fiscal colombiano. Tampoco podrán financiarse programas sin relación directa con las consecuencias del terremoto ni atender problemas estructurales existentes antes del 10 de agosto.
Entre las restricciones expresas figura el sistema penitenciario y carcelario, cuyas dificultades anteriores al desastre no podrán resolverse mediante estas facultades excepcionales.
Por otra parte, la Corte restringió las medidas extraordinarias a los municipios donde las autoridades documentaron afectaciones provocadas por el terremoto. Para incorporar otras localidades, el Gobierno deberá presentar pruebas técnicas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que acrediten afectaciones concretas.
Las obras de reconstrucción estarán sujetas a condiciones adicionales, pues deberán responder directamente a la rehabilitación de infraestructura, servicios y actividades económicas perjudicadas. Además, las autoridades tendrán que demostrar que los procedimientos ordinarios resultan insuficientes para ejecutar las intervenciones mediante los mecanismos habituales.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispondrá de 20 días hábiles desde la publicación del comunicado judicial para recalcular los costos de la emergencia. También deberá determinar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar las acciones vinculadas directamente con la atención de los daños.
Cada entidad autorizada para ordenar gastos tendrá que justificar administrativamente por qué necesita financiación extraordinaria en lugar de recurrir a los procedimientos habituales.
Presidencia de Colombia
El Ejecutivo deberá establecer un mecanismo independiente para administrar los recursos, separado de otras fuentes de financiación y sujeto a vigilancia permanente. Esta obligación también alcanzará al dinero que todavía no haya sido comprometido o ejecutado por las entidades responsables.
La Corte exigió coordinar las responsabilidades financieras con las autoridades territoriales y considerar especialmente las necesidades de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, el tribunal instó al presidente Abelardo de la Espriella a ejecutar un plan de recuperación con financiación distribuida durante varios años. Esa planificación deberá orientar la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, respetando las restricciones establecidas para el uso de recursos extraordinarios.