Ciudad de México ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: X @ABDELAESPRIELLA
El abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella se ubicó al frente de la intención de voto, de acuerdo con una encuesta citada durante el programa Tarde, pero Llego de La FM, y anunció un paquete inicial de medidas, el cual aplicaría en caso de llegar a la presidencia, entre ellas la expedición de 90 decretos, un recorte del aparato estatal y cambios en política económica y de seguridad.
Según se expuso en el espacio radial, la medición lo sitúa con 32,1% de intención de voto, mientras que el candidato oficialista, Iván Cepeda, registra 31,4%. La encuesta corresponde a Atlas Intel, se elaboró con 7.300 muestras y tiene un margen de error del 1%. El propio De la Espriella abordó estos resultados durante una intervención telefónica en el programa, donde se refirió al escenario electoral, a sus propuestas de gobierno y a las críticas sobre su trayectoria.
Durante la entrevista, el aspirante de extrema derecha afirmó que recibe con tranquilidad los resultados de los sondeos y que no percibe el contexto electoral como una amenaza. "A mí no me asusta nada, acuérdate que yo llegué tarde a la repartición del miedo", señaló. También sostuvo que su campaña fue subestimada en etapas iniciales y que el avance reflejado en las encuestas responde a un proceso progresivo. "Me gusta llegar sin mayores expectativas y que la gente se equivoque conmigo", afirmó.
En referencia directa a la medición de Atlas Intel, el candidato calificó el resultado como un empate técnico frente a su principal contrincante. "Esa encuesta me pone en un empate técnico con el heredero de Petro", expresó.
De la Espriella anticipó que, de asumir la presidencia, lanzará 90 decretos el mismo día de su posesión. "Voy a expedir con la ayuda de Dios el mismo día de la posesión 90 decretos", indicó, y precisó que estos se concentrarían en los sectores de seguridad, salud y economía.
En materia de salud, planteó un plan de estabilización financiera con una inversión de 10 billones de pesos. Según explicó, este esquema permitiría garantizar el suministro de medicamentos, el pago al personal médico y el cumplimiento de obligaciones pendientes, mientras se avanza en una reforma del sistema de salud.
Sobre seguridad, propuso una estrategia de choque contra las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. "Voy a enfrentar el narcoterrorismo bombardeando los campamentos terroristas y fumigando la coca", afirmó. Añadió que su plan incluye la conformación de un bloque de búsqueda enfocado en combatir la extorsión.
En el ámbito económico y administrativo, el aspirante anunció un recorte del aparato estatal de hasta 40%. Asimismo, mencionó la eliminación de impuestos, especialmente los aplicados a la gasolina. El objetivo de estas medidas, según expuso, sería activar cuatro motores económicos: hidrocarburos y minería, infraestructura, agro y turismo.
Durante la conversación, también respondió a cuestionamientos relacionados con su ejercicio profesional. Las críticas más recurrentes señalan su representación de figuras altamente polémicas en casos como los de Odebrecht.
En ese contexto, defendió su trayectoria como abogado y destacó que no registra sanciones. "No tengo ni una sanción penal, ni una sanción disciplinaria", aseguró.
Al referirse a su relación con los medios, lanzó una diferencia entre el periodismo y otras prácticas. "Yo no tengo ningún problema con el periodismo, tengo problema con los activistas que dicen mentiras", declaró. Se le ha acusado de utilizar denuncias penales por injuria y calumnia como una herramienta para silenciar investigaciones periodísticas. Varios comunicadores han denunciado que sus demandas buscan desgastar económica y emocionalmente a quienes lo cuestionan a él o a sus clientes.
El candidato, cuyo programa se alinea con varios líderes de derecha como Javier Milei, se desempeñó también como asesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de extrema derecha responsable de numerosos ataques contra civiles a partir de 1997 con la masacre de Mapiripán. Además, AUC fueron consideradas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una estructura responsable del tráfico de grandes cantidades de cocaína.