Foto: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Un contrato legal por más de 5,8 millones de dólares fue suspendido por Ecopetrol tras conocerse que su objetivo era realizar un análisis sobre la reputación del presidente Ricardo Roa Barragán. El anuncio se dio a través de un comunicado emitido el jueves 29 de mayo de 2025 por la Junta Directiva de la compañía. Allí aclararon el contexto, los procedimientos seguidos y las medidas adoptadas tras la divulgación del caso por medios de comunicación.
La Junta Directiva explicó que desde 2008, año en donde Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, la empresa cuenta con un sistema de control interno que incluye asesoría jurídica especializada en regulaciones como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y disposiciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Este sistema está diseñado para asegurar el cumplimiento normativo y proteger la integridad de la empresa frente a escenarios de riesgo internacional.
En ese marco, fue la misma Junta quien solicitó la contratación de la firma Covington & Burling LLP para llevar a cabo un análisis sobre políticas, procesos y comunicaciones con autoridades estadounidenses. "En este proceso no participó el Presidente de la compañía", se precisó en el comunicado, con lo cual se desligó a Roa de cualquier responsabilidad en la toma de decisiones contractuales.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la modificación contractual conocida como "otrosí", la cual habría ampliado el alcance y aumentado el valor del contrato sin aprobación previa de la Junta ni del Comité de Auditoría. Según la empresa, "como consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025", con el fin de evaluar los hechos y determinar las acciones a seguir conforme a la normativa interna.
Adicionalmente, se ordenó una auditoría e investigación interna, "en el marco del respeto a la Ley y al debido proceso", con el propósito de esclarecer posibles responsabilidades administrativas o legales. La Junta también manifestó su disposición de colaborar plenamente con los entes de control y autoridades que ya iniciaron procedimientos relacionados con este caso. Según el comunicado, las medidas "buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional".
En cuanto al desempeño corporativo, la petrolera estatal afirmó que mantiene su solidez financiera y operativa. "La Empresa ha sido rigurosa y oportuna en la publicación de toda la información relevante de interés del mercado y de la opinión pública", aseguró la Junta. También confirmaron que los planes de crecimiento y producción para 2025 no sufrirán alteraciones por la coyuntura.
Además, la Contraloría General de la República solicitó al presidente Ricardo Roa Barragán explicaciones formales sobre el contrato, incluyendo copia del mismo, detalles de los pagos efectuados y el estado actual. Esta petición se enmarca en una revisión más amplia que involucra la filtración de documentos internos vinculados al proceso contractual.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para determinar las circunstancias de la firma del otrosí. Alberto Vergara, director de Cumplimiento de Ecopetrol, fue señalado como posible responsable directo de esta modificación y actualmente es objeto de indagación para esclarecer si incurrió en extralimitaciones o uso indebido de recursos públicos.
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