Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de Colombia
Colombia podría experimentar una transformación en sus políticas económicas y sociales durante los próximos cuatro años, con reformas que abarcan desde los subsidios hasta la inversión empresarial. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó las bases de su Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado "Colombia, la Patria Milagro".
El documento establece siete prioridades para orientar las políticas económicas, sociales e institucionales durante los próximos cuatro años, aunque sus propuestas todavía requieren aprobación legislativa. Entre sus objetivos destacan alcanzar un crecimiento económico cercano al 6 % anual, reducir la pobreza monetaria al 20 % y elevar la inversión al 25 % del producto interno bruto (PIB).
Uno de los componentes centrales contempla 119 megaproyectos valorados en más de 150 billones de pesos colombianos, aproximadamente 50.000 millones de dólares. Más del 90 % de la inversión proyectada se concentra en transporte, tecnologías de la información, comunicaciones y el sector minero-energético.
Entre las iniciativas figuran nuevos sistemas ferroviarios, la ampliación del aeropuerto El Dorado de Bogotá, parques eólicos y centros tecnológicos especializados en inteligencia artificial. Su ejecución dependería principalmente de la atracción de capital privado, mediante condiciones destinadas a facilitar inversiones nacionales y extranjeras.
Aeropuerto Internacional de El Dorado
Para atraer inversiones, el Gobierno propone ofrecer estabilidad tributaria durante 16 años a proyectos elegibles mediante un régimen especial de incentivos. También busca recuperar la producción petrolera hasta alcanzar un millón de barriles diarios en 2030 y permitir proyectos de extracción mediante fracturación hidráulica bajo vigilancia ambiental.
Estas medidas podrían modificar las condiciones de inversión y la actividad de sectores productivos estratégicos, dependiendo de su aprobación y aplicación efectiva.
Como parte de su estrategia social, el Gobierno plantea reemplazar la clasificación socioeconómica por un sistema que tenga en cuenta los ingresos reales de las familias. Este mecanismo buscaría modificar los criterios para asignar subsidios, mientras el denominado Programa Colombia pretende unificar las transferencias monetarias estatales.
El apartado educativo propone conectar distintos niveles de formación, reconocer conocimientos adquiridos previamente y fortalecer competencias relacionadas con inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad. También incorpora referencias a las raíces judeocristianas y plantea reconocer a Dios como referente en la formación humana.
Respecto a seguridad, el borrador contempla fortalecer las capacidades de las fuerzas estatales y combatir las economías ilícitas que afectan comunidades e infraestructura. Además, propone permitir el ingreso de organismos de seguridad a universidades sin autorización de sus directivas bajo determinadas condiciones de protección de derechos.
La modernización administrativa incluye simplificar trámites, eliminar duplicidades y utilizar inteligencia artificial para mejorar la gestión pública y la eficiencia del gasto.
Por otra parte, el plan incorpora un fondo destinado a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Las necesidades de recuperación se estiman en 58,29 billones de pesos colombianos e incluyen viviendas, transporte e infraestructura vial.
Las bases deberán convertirse en un proyecto de ley para su discusión en el Congreso colombiano durante los primeros meses de 2027. Su aprobación y posterior ejecución determinarán cuáles de estas propuestas podrán traducirse en cambios concretos para la economía y la población.