Foto: UNGRD
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Ana María Castaño Álvarez, exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esto se debe por presuntas irregularidades en un contrato de 9.999 millones de pesos. Este proceso está relacionado con la compra de kits de uniformes destinados a 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad en todo el país.
El contrato incluye elementos como gorras, chalecos y camibusos tipo polo. Según información preliminar divulgada por la Procuraduría, cada kit habría tenido un costo de 1′507.533 pesos por persona, cifra que generó cuestionamientos sobre posibles sobrecostos en la ejecución del contrato. Por ello, la Procuraduría solicitó toda la documentación correspondiente al proceso, incluidas las propuestas presentadas por los oferentes y las evaluaciones realizadas durante las etapas precontractual y contractual.
La investigación busca determinar si los valores pactados corresponden a los precios del mercado o si, por el contrario, se configuraron irregularidades que podrían derivar en sanciones disciplinarias.
Ana María Castaño fue declarada insubsistente en abril de 2024 por el director actual de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien justificó su decisión en un mensaje publicado en su cuenta de X. "No permitiré que la número dos de Olmedo López siga torpedeando la entidad. Serán los jueces quienes definan las responsabilidades penales, pero mi obligación es mantener la Unidad andando", afirmó el funcionario el 1 de abril.
Castaño obtuvo un fallo judicial a su favor en el pasado, que reconoció derechos fundamentales relacionados con estabilidad laboral, seguridad social y salud, ordenando su reintegro al cargo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá anuló esta decisión, impidiendo que retomara su puesto en la entidad.
Dicho contrato investigado tenía como objetivo dotar a los empleados de la UNGRD con uniformes necesarios para sus labores en la atención de emergencias y desastres. Este tipo de adquisiciones, debido a los altos montos involucrados, están sujetas a estrictos controles administrativos. La Procuraduría tiene el objetivo de analizar la totalidad del proceso para establecer si hubo irregularidades que constituyan faltas disciplinarias o si deben descartarse las responsabilidades de la exsecretaria.
En la etapa inicial de esta investigación disciplinaria, los delegados del Ministerio Público evaluarán todas las pruebas disponibles para esclarecer si los costos de los kits son proporcionales a los valores del mercado. Una vez concluido este análisis, la Procuraduría tomará una decisión respecto a las presuntas responsabilidades disciplinarias de los implicados en este contrato.
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