
Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la contratación de miles de inspectores laborales para garantizar la aplicación efectiva de la reforma laboral aprobada recientemente en el Congreso. Durante un acto público celebrado en Medellín el 21 de junio, el mandatario afirmó: "No soy ingenuo, miles de inspectores serán contratados por el Ministerio del Trabajo, enseñados en los derechos laborales, para que vayan por todas las empresas del país, verificando de la voz de los empleados si los empresarios están cumpliendo la ley".
Las declaraciones se produjeron durante un evento gubernamental en el Centro Administrativo La Alpujarra, en los alrededores de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. En su intervención, Petro denunció las dificultades enfrentadas por la reforma laboral en el Congreso y responsabilizó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, por el retraso en la firma del proyecto legislativo: "Se me voló, espero que regrese el día martes para ayudar a aprobar la reforma pensional".
Petro también confirmó que convocará sesiones extraordinarias en el Congreso con el objetivo de avanzar en la aprobación de la reforma pensional.
En su discurso, el presidente defendió los beneficios económicos que, según su visión, traería la mejora de las condiciones laborales: "Si la clase obrera gana más, entonces hay más capacidad de compra […] porque las familias podrán disponer de más dineros para los diferentes gastos".
El jefe de Estado aprovechó su visita para criticar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y a miembros de su administración, a quienes acusó de interferir con su presencia en la ciudad. También denunció prácticas que, a su juicio, atentan contra la democracia. En respuesta, Gutiérrez cuestionó duramente a Petro a través de redes sociales, responsabilizándolo de cualquier riesgo a su seguridad y calificándolo de "vocero de los peores criminales y corruptos".
El alcalde antioqueño también rechazó la intención del Gobierno de convocar una asamblea constituyente en 2026, calificándola de intento para "perpetuarse en el poder" y de amenaza contra la institucionalidad.
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