Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
Prevenir el lavado de dinero ya no dependerá únicamente de cumplir una serie de obligaciones generales. Con las nuevas reglas publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes realizan Actividades Vulnerables (es decir, operaciones comerciales y económicas lícitas que, por su naturaleza, dinero o volumen, corren un alto riesgo de ser usadas por la delincuencia para el lavado de dinero) tendrán que determinar dónde existen mayores riesgos y ajustar sus controles a partir de ese diagnóstico.
El cambio introduce el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio central de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Las disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y forman parte de las reformas realizadas a la ley y a su reglamento en 2025 y 2026.
Qué tendrán que revisar los sujetos obligados
El nuevo esquema exige una evaluación más específica de las condiciones en las que opera cada sujeto obligado. Ya no bastará con aplicar los mismos controles a todas las situaciones, será necesario establecer metodologías para reconocer qué casos presentan una exposición mayor.
Hacienda indicó que quienes realizan Actividades Vulnerables deberán "identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas".
A partir de esa evaluación, los controles podrán ajustarse a las características de cada actividad. Las nuevas reglas también refuerzan las medidas para conocer al cliente o usuario, identificar al beneficiario controlador y reconocer a Personas Políticamente Expuestas.
El marco incluye además obligaciones relacionadas con mecanismos de control interno, conservación de información y presentación de avisos.
La supervisión también seguirá el nivel de riesgo
El cambio no afecta solamente a quienes deben cumplir la legislación. Hacienda utilizará el mismo enfoque para organizar sus tareas de supervisión y verificación. Esto significa que las acciones de la autoridad se dirigirán con mayor atención hacia sectores y actividades considerados más expuestos a ser utilizados para operaciones de lavado de dinero.
Las disposiciones también introducen un modelo de cumplimiento proporcional, por lo que las exigencias y las acciones de supervisión podrán variar dependiendo del riesgo de cada Actividad Vulnerable.
"Este esquema permitirá optimizar los recursos destinados a la prevención, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales y facilitar la implementación de controles acorde con las características de cada sector", señaló Hacienda.
Las nuevas reglas no entrarán en vigor de golpe
La implementación será gradual. Ese periodo permitirá que los sujetos obligados modifiquen procedimientos internos y desarrollen las capacidades necesarias para trabajar bajo el nuevo esquema.
El objetivo es que la transición hacia las nuevas obligaciones se realice de manera progresiva mientras se fortalece el sistema nacional de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hacienda también situó estas medidas dentro de los compromisos de México frente a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El alcance práctico del cambio será amplio: cada sujeto obligado tendrá que dejar documentado cómo identificó, evaluó y clasificó los riesgos presentes en sus operaciones antes de definir los controles que correspondan.
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