Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
En medio de crecientes tensiones geopolíticas y de una reconfiguración de prioridades globales, las políticas comerciales comenzaron a incluir principios sociales y ambientales como elementos cruciales en sus normativas. Mientras que los acuerdos comerciales se enfocaban históricamente en la eficiencia económica, hoy ampliaron su alcance para abordar objetivos de "no comercio" (NTOs) como derechos humanos, cambio climático y derechos laborales. Este cambio, impulsado principalmente por países desarrollados, está generando divisiones en el sistema comercial global, especialmente entre las grandes potencias y los países en desarrollo.
La Unión Europea y Estados Unidos, en particular, adoptaron políticas que condicionan el acceso a sus mercados al cumplimiento de estrictos estándares de sostenibilidad ambiental y derechos humanos. Estas regulaciones, como el friendshoring, buscan diversificar las relaciones comerciales hacia naciones con valores similares, minimizando así la dependencia de países con los que existen tensiones políticas o valores opuestos. La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, destacó la importancia de construir "un grupo de países con una fuerte adhesión a normas y valores compartidos" para garantizar la seguridad de los suministros críticos en un mundo cada vez más polarizado.
Sin embargo, esta tendencia suscitó resistencia, especialmente en economías emergentes que ven en estas regulaciones ambientales y sociales una barrera la cual obstaculiza su desarrollo. Normativas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) de la UE son percibidas en algunos países en desarrollo como medidas de proteccionismo encubierto, restringiendo su acceso a los mercados internacionales bajo el pretexto de proteger el medio ambiente y los derechos humanos, de acuerdo con un análisis del Foro Económico Mundial. Estas naciones a menudo carecen de los recursos necesarios para implementar regulaciones ambientales similares; sin embargo, argumentan que tales medidas los desfavorecen y perpetúan las desigualdades en el sistema global.
China, por su parte, consolidó una política de "no interferencia" en los asuntos internos de otros países, promoviendo un abordaje comercial desvinculado de valores sociales. Esta perspectiva, percibida como una señal de respeto hacia la soberanía de sus socios comerciales, resulta atractiva para muchas naciones en desarrollo que rechazan las imposiciones de valores los cuales consideran externos. Además, con su rápido crecimiento económico y una clase media en constante expansión, China emerge como una alternativa económica para países que buscan evitar las limitaciones impuestas por Occidente.
El impacto de estas políticas se extiende también al sector empresarial, donde las multinacionales enfrentan el reto de equilibrar eficiencia y rentabilidad con las crecientes exigencias de responsabilidad social y ambiental. Las regulaciones de sostenibilidad y derechos laborales impuestas por la UE y EE. UU. llevaron a muchas empresas a adoptar prácticas más estrictas para cumplir con las expectativas de estos mercados, mientras pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo, con recursos limitados, podrían verse en desventaja para alcanzar los estándares solicitados. Esto puede limitar su acceso a los mercados globales y contribuye a una fragmentación creciente en el sistema comercial.
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