Ciudad de México,
Axel Olivares
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El Congreso de Estados Unidos inició una investigación legislativa ante la posibilidad de que un ataque del Ejército en el Caribe constituya un crimen de guerra. Legisladores del Senado y la Cámara de Representantes acordaron revisar la operación militar del pasado 2 de septiembre, en la que una embarcación fue bombardeada dos veces pese a la presencia de sobrevivientes.
De acuerdo con un informe de The Washington Post, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado un segundo ataque después de que un primer misil dejara vivos a dos de los once ocupantes. Según el medio, imágenes captadas por un dron muestran que aún quedaban sobrevivientes cuando se dio la instrucción verbal de "maten a todos".
Según el senador demócrata Tim Kaine, "esto se eleva al nivel de un crimen de guerra si es cierto", mientras que el representante republicano Mike Turner afirmó que el Congreso "no tiene información sobre lo ocurrido", aunque confirmó la apertura de investigaciones por parte de los comités de las Fuerzas Armadas de ambas cámaras. Por su parte, Trump aseguró desconocer un segundo ataque, pero sostuvo que confía en las decisiones de la secretaría dirigida por Hegseth.
El ataque se produjo en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, en una zona cercana a Venezuela, en el contexto de una serie de operativos contra presuntos narcotraficantes que trasladan drogas hacia Estados Unidos. Aunque algunas figuras republicanas expresaron escepticismo sobre las acusaciones, reconocieron que atacar a personas que ya no representan una amenaza plantea serias implicaciones legales.
Desde los primeros ataques, el accionar estadounidense ha sido cuestionado por no presentar pruebas acerca de las personas que estaban a bordo de esas embarcaciones. Asimismo, el uso de fuerza letal por parte del Ejército estadounidense en estos contextos fue puesto en tela de juicio por organismos internacionales. Según el derecho internacional, ataques como el registrado solo son legales si representan un último recurso ante una amenaza inminente a la vida. En ese marco, organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional han señalado que el bombardeo de embarcaciones con sobrevivientes puede constituir una ejecución extrajudicial.
Estados Unidos, por su parte, justifica estas acciones bajo una interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite la autodefensa. Sostiene que las embarcaciones utilizadas por narcotraficantes representan una amenaza directa a la seguridad nacional. Sin embargo, esta interpretación ha sido considerada controvertida y contraria al artículo 2.4 de la misma carta, que prohíbe el uso unilateral de la fuerza. Hasta el momento se registraron 20 embarcaciones hundidas, 83 muertos y una persona desaparecida.
En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que Venezuela presentó denuncias ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) por lo que calificó como actos de "amedrentamiento" por parte de Estados Unidos. Según Rodríguez, "Estados Unidos pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela [...] por medio del uso de la fuerza militar letal".
Paralelamente, Nicolás Maduro y Donald Trump sostuvieron conversaciones, indicó el mandatario estadounidense, un día después de anunciar el cierre total del espacio aéreo venezolano. Aunque no dio muchos detalles, de acuerdo con el senador republicano, Markwayne Mullin, en una entrevista para CNN, la Casa Blanca le dio la oportunidad a Maduro de salir de Venezuela e ir a Rusia o a cualquier país aliado. "El propio pueblo venezolano también ha hablado y dicho que quiere un nuevo líder y restaurar a Venezuela como el país que solía ser, un país próspero", señaló.