Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: Josue Díaz (NotiPress)
La guerra en Sudán sumó un nuevo capítulo internacional con un informe de Human Rights Watch sobre la llegada de contratistas militares colombianos. El documento describe una ruta de reclutamiento, traslado y despliegue que pasa por Emiratos Árabes Unidos y termina en Darfur (Sudán), donde operan las Fuerzas de Apoyo Rápido (RFS).
El documento From Bogotá to El Fasher, publicado en mayo de 2026, afirma que al menos 300 contratistas militares privados colombianos fueron desplegados desde agosto de 2024, mientras las RSF intensificaban el cerco sobre El Fasher, capital de Darfur del Norte. HRW sostiene que esos colombianos participaron en combates alrededor de la ciudad y que algunos dieron entrenamiento a reclutas de las RSF, incluidos menores soldados.
El informe sitúa ese despliegue dentro de una emergencia de gran escala. La guerra en Sudán ha dejado, de acuerdo con HRW, al menos 150 mil muertes probables, 12.9 millones de personas desplazadas y la mitad de la población bajo hambre aguda. La organización también señala que la hambruna se expande por la restricción de acceso humanitario, saqueos y ataques contra civiles.
El Fasher cayó en manos de las RSF el 26 de octubre de 2025, después de un asedio de 18 meses. Durante ese periodo hubo bombardeos, ataques con drones y restricciones al ingreso de alimentos y medicamentos. HRW entrevistó a más de 65 sobrevivientes del sitio, quienes describieron un uso intenso de armas explosivas antes de la toma de la ciudad.
La investigación describe una cadena de reclutamiento y traslado con participación de A4SI, en Colombia, y Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi. Los recorridos documentados pasaron por Emiratos Árabes Unidos, Libia, Bossaso (Somalia), N’Djamena (Chad) y Nyala (Sudán), con escalas en instalaciones militares emiratíes como Ghiyathi y Al Wathba (EAU).
Un contratista entrevistado por HRW relató uno de esos traslados hacia una base militar en Emiratos: "No nos sellaron los pasaportes. Entramos y salimos, y había un autobús esperándonos para llevarnos a una base militar". La cita forma parte de la evidencia usada por la organización para señalar el posible uso de infraestructura estatal emiratí.
Human Rights Watch pide que gobiernos aliados de Emiratos, el Consejo de Seguridad de la ONU y organismos regionales presionen para investigar a GSSG, a su director ejecutivo Mohamed Hamdan al-Zaabi, a operadores privados y a funcionarios emiratíes cuando existan pruebas creíbles de apoyo a las RSF. La organización plantea sanciones focalizadas contra quienes sean identificados como responsables de asistir a ese grupo en Darfur.
Emiratos Árabes Unidos negó haber dado apoyo militar a cualquiera de las partes del conflicto. En la respuesta citada por HRW, el país afirmó: "Rechazamos categóricamente cualquier afirmación de haber proporcionado algún tipo de apoyo a cualquiera de las partes en conflicto".
El informe mantiene como eje la necesidad de investigar la provisión de armas, personal, equipo y asistencia a las RSF, en un conflicto marcado por desplazamiento masivo, hambre aguda y denuncias de atrocidades contra civiles.