
Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Estados Unidos notificó la revocación de permisos a empresas extranjeras para importar petróleo venezolano, lo que afecta directamente a compañías como Repsol, Eni, Reliance Industries, Maurel & Prom y Global Oil Terminals. La medida, impulsada por Donald Trump, fue comunicada en horas recientes.
Durante la administración de Joe Biden, Washington había otorgado licencias especiales a ciertas petroleras para operar con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a pesar de las sanciones vigentes contra el régimen de Nicolás Maduro. Estas excepciones permitieron el flujo de crudo hacia refinerías en Europa y Asia. Sin embargo, el nuevo giro de política energética revoca dichas autorizaciones y reimpone barreras comerciales.
El endurecimiento de las restricciones llega tras la imposición de un arancel del 25% a los compradores de petróleo y gas venezolano, medida que, de acuerdo con la prensa estadounidense, ya había provocado la suspensión parcial de importaciones por parte de estas empresas. Repsol y Reliance habían solicitado mantener operaciones limitadas con el aval de las autoridades estadounidenses, considerando su fuerte presencia en el país norteamericano.
Datos de seguimiento marítimo indican una reducción en las exportaciones venezolanas durante marzo, tendencia que podría intensificarse con la cancelación oficial de licencias. La decisión amenaza con profundizar el aislamiento energético de Venezuela y limitar el margen de acción de PDVSA en los mercados globales.
Al margen de esta decisión comercial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió nuevas sanciones contra cinco individuos y tres empresas vinculadas al financiamiento de Hizbulá. "Today’s action underscores Treasury’s determination to expose and disrupt the schemes that fund Hizballah’s terrorist violence against the Lebanese people and their neighbors", declaró Bradley T. Smith, funcionario del Tesoro.
La revocación de licencias a petroleras coincide con esta ofensiva financiera del gobierno estadounidense, enmarcada en la intensificación de medidas contra redes de evasión sancionatoria relacionadas con Irán y grupos designados como terroristas por Estados Unidos. En este contexto, el gobierno estadounidense busca restringir el acceso de entidades vinculadas a estas redes a los mercados y sistemas financieros internacionales.
Por su parte, el anuncio también refleja un regreso a la política de "máxima presión" contra el chavismo, alineada con memorandos presidenciales recientes que buscan frenar las fuentes de ingreso del gobierno venezolano mediante medidas económicas dirigidas.
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