
Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Después de décadas de restricciones legales, Trinidad y Tobago puso fin a una ley que castigaba las relaciones homosexuales con penas de prisión. El 10 de noviembre de 2026, cinco jueces del Comité Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres, emitieron una sentencia unánime que cerró casi diez años de disputas judiciales.
La decisión impide utilizar los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales de 1986 para procesar relaciones homosexuales privadas y consentidas entre adultos. Aunque Trinidad y Tobago es una república independiente desde 1976, mantiene al Consejo Privado británico como máxima instancia de apelación para determinados asuntos constitucionales.
El fallo responde a una demanda impulsada por Jason Jones, activista nacido en Trinidad y Tobago, quien cuestionó las disposiciones penales que afectaban las relaciones homosexuales. Su caso llegó al máximo tribunal después de atravesar decisiones judiciales contradictorias y reabrió el debate sobre las restricciones heredadas del dominio colonial británico.
Una prohibición con raíces coloniales que sobrevivió durante décadas
Las restricciones tenían antecedentes en una legislación de 1925, inspirada en normas británicas que castigaban determinadas prácticas sexuales, especialmente entre hombres. Trinidad y Tobago obtuvo su independencia del Reino Unido en 1962, pero conservó parte de ese marco jurídico durante las décadas posteriores.
Tras décadas de restricciones, el Parlamento aprobó en 1986 una nueva Ley de Delitos Sexuales que mantuvo penas por determinadas conductas íntimas. Las prohibiciones alcanzaban también algunas prácticas consentidas entre parejas heterosexuales, por lo que su aplicación no se limitaba exclusivamente a personas homosexuales.
El tribunal determinó que esa legislación constituía un régimen jurídico nuevo y no podía ampararse en la protección constitucional reservada a determinadas leyes anteriores. Los magistrados también reconocieron que las relaciones íntimas consentidas forman parte de la vida privada y familiar protegida por los derechos constitucionales.
Jones había presentado su demanda en 2017 y obtuvo una sentencia favorable en 2018, cuando el Tribunal Superior declaró inconstitucionales las restricciones cuestionadas. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión en marzo de 2025, hasta que el Consejo Privado resolvió definitivamente la controversia.
Países donde las relaciones homosexuales siguen penalizadas
Aunque Trinidad y Tobago dejó de criminalizar las relaciones homosexuales consentidas entre adultos, otros países mantienen disposiciones penales que castigan estas prácticas con distintas sanciones.
Entre ellos figuran Irán, Arabia Saudita, Uganda, Nigeria, Pakistán y Malasia, donde las restricciones legales varían según la legislación y las circunstancias de cada caso.
Ante esta decisión, Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó a otros Estados caribeños a eliminar las prohibiciones sobre relaciones homosexuales consentidas. Su pronunciamiento destacó las consecuencias que estas disposiciones pueden tener sobre la discriminación, la exclusión y la protección de los derechos individuales.
La controversia también refleja diferencias entre los sistemas jurídicos de antiguas colonias británicas, donde algunas prohibiciones permanecieron vigentes después de alcanzar la independencia política.
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