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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) comenzó el proceso para eliminar las regulaciones de ahorro de combustible que estaban programadas para entrar en vigor entre 2026 y 2032. Estas normas, establecidas bajo la administración de Joe Biden, exigían una reducción progresiva de las emisiones de carbono y promovían la transición hacia vehículos eléctricos. Con esta decisión, se flexibilizan los requisitos para fabricantes de automóviles, permitiéndoles vender más vehículos de combustión interna y eléctricos híbridos enchufables sin la necesidad de ajustarse a estándares estrictos de eficiencia.
El cambio en la normativa fue impulsado por la administración actual, que argumenta que las restricciones previas imponían costos regulatorios excesivos a la industria automotriz. "La industria automotriz estadounidense ha sido paralizada por el aplastante régimen regulatorio de la última administración", declaró el administrador de la EPA, Lee Zeldin. "Al reconsiderar casi un billón de dólares en costos regulatorios, nos apegaremos al estado de derecho para proteger la libertad de elección del consumidor y el medio ambiente", añadió.
Las regulaciones anteriores exigían que los fabricantes de automóviles alcanzaran un consumo promedio de 54,5 millas por galón (mpg) para 2026. Sin embargo, en 2020, la administración Trump redujo este objetivo a 40,4 mpg, citando preocupaciones sobre el impacto económico en la industria automotriz y el aumento en el costo de los vehículos para los consumidores. La administración Biden restableció los estándares más estrictos en 2021, pero con el cambio de gobierno, la EPA optó por eliminarlos nuevamente en favor de una regulación más flexible.
El sector automotriz respaldó mayoritariamente esta decisión, argumentando que las regulaciones anteriores dificultaban la venta de vehículos con motores de combustión interna, las cuales siguen siendo populares entre los consumidores. Los concesionarios, quienes históricamente tuvieron una fuerte presencia política, presionaron a la administración para eliminar lo que consideraban una restricción excesiva sobre la venta de automóviles tradicionales. También señalaron que la infraestructura de carga para vehículos eléctricos sigue siendo insuficiente en muchas regiones, lo cual podría afectar la demanda de estos modelos.
Por otro lado, organizaciones ambientalistas criticaron la decisión de la EPA, advirtiendo sobre el impacto negativo en la calidad del aire y el cambio climático. Afirman que la eliminación de estas regulaciones podría aumentar las emisiones contaminantes y retrasar la transición hacia una industria automotriz más sostenible. Estudios previos señalaron que una menor eficiencia de combustible conlleva un incremento en el consumo de petróleo y una mayor dependencia energética, pudiendo afectar los objetivos climáticos del país a largo plazo.
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