Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia (DOJ), anunció la confiscación de 32 dominios web, vinculados supuestamente a campañas de desinformación dirigidas por entidades rusas. Según el comunicado oficial, el objetivo de estos sitios era influir en la opinión pública internacional y en las elecciones, incluidas las presidenciales estadounidenses de 2024. Las organizaciones involucradas, como Social Design Agency (SDA), Structura National Technology y ANO Dialog, habrían operado estos dominios bajo la dirección del Kremlin.
Las autoridades estadounidenses aseguran que estas actividades forman parte de una estrategia más amplia conocida como "Doppelganger", la cual busca erosionar el apoyo global a Ucrania y favorecer una narrativa prorrusa. Entre las tácticas empleadas por estas entidades se encuentra la ciberocupación, es decir, la creación de sitios web que imitan a medios de comunicación legítimos. Asimismo, se utilizaban influenciadores pagos, inteligencia artificial y perfiles falsos en redes sociales para difundir su contenido.
Coordinadas por el FBI, estas acciones, con el apoyo del Departamento del Tesoro, Estados Unidos sancionó a diez personas y dos entidades vinculadas a estas operaciones. Según la información proporcionada, las sanciones fueron emitidas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y otras normativas relacionadas con el lavado de dinero y las marcas registradas.
En respuesta, el fiscal general Merrick Garland calificó estas campañas como "propaganda del gobierno ruso", subrayando el peligro de las acciones de desinformación para la democracia estadounidense y global. Sin embargo, el artículo de opinión de Allen Mendenhall en el Instituto Mises sostiene que estas medidas del gobierno estadounidense no solo buscan frenar la desinformación, sino que también forman parte de un esfuerzo mayor por controlar el discurso y limitar las narrativas que se alejan de los intereses del Estado.
Por su parte, el autor pone en duda la legitimidad de la narrativa oficial, sugiriendo que el verdadero problema radica en el control estatal sobre la información. Según Mendenhall, las instituciones de poder, incluidas las agencias de inteligencia y los medios de comunicación tradicionales, juegan un papel crucial en la creación de una "realidad" que respalde a las autoridades. En ese sentido, cuestiona si estas acciones contra las entidades rusas son verdaderamente necesarias o si se trata de una excusa para fortalecer el control sobre el discurso público.
Así, el caso ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y la intervención estatal en la regulación de la información. Mientras las autoridades insisten en la necesidad de frenar las influencias extranjeras en el panorama político y mediático, críticos como Allen Mendenhall advierten sobre los peligros de otorgar al Estado un poder excesivo para definir qué se considera información legítima o desinformación.
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