Participaba en esquemas de vulneración de correos pero la justicia de EEUU lo condenó

 03-10-2024
Axel Olivares
   
Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)

Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)

Un ciudadano con doble nacionalidad fue condenado a siete años de prisión por su participación en un complejo esquema de vulneración de correos electrónicos empresariales (BEC) que buscaba defraudar a instituciones en Estados Unidos por millones de dólares. Oludayo Kolawole John Adeagbo, de 45 años, fue extraditado desde el Reino Unido en agosto de 2022 para enfrentar cargos por fraude electrónico y conspiración para cometer este delito, en relación con crímenes cometidos en Texas y Carolina del Norte.

Los documentos judiciales revelan que Adeagbo, también conocido como John Edwards y John Dayo, conspiró junto a otras personas para defraudar a entidades gubernamentales, empresas de construcción y universidades, logrando estafar a una universidad de Carolina del Norte por más de 1.9 millones de dólares y buscando robar más de 3 millones de dólares de diversas entidades en Texas.

El fiscal general Alamdar S. Hamdani del Distrito Sur de Texas destacó la gravedad de estos crímenes, señalando que "las estafas BEC se han convertido en una epidemia en la que individuos y empresas sufren pérdidas financieras debilitantes, al tiempo que erosionan la confianza de la sociedad en las comunicaciones digitales". El caso de Adeagbo, que involucró a múltiples jurisdicciones y cooperación internacional, subraya la magnitud y sofisticación de este tipo de fraudes.

Adeagbo y su coconspirador Donald Ikenna Echeazu, de 42 años, ambos de nacionalidad nigeriana y británica, implementaron un esquema de fraude BEC dirigido a una universidad de Carolina del Norte. Según los registros judiciales, los estafadores crearon un dominio similar al de una empresa de construcción legítima a cargo de un proyecto multimillonario de la universidad. Luego, utilizaron una dirección de correo electrónico falsa que imitaba la de un empleado de la empresa para instruir a la universidad a transferir más de 1.9 millones de dólares a una cuenta controlada por los criminales.

Rápidamente, el dinero fue desviado a través de una serie de transacciones para ocultar el fraude, lo que dificultó la rastreabilidad de los fondos. Echeazu fue condenado en mayo de 2023 a 18 meses de prisión y se le ordenó pagar 655,408.87 dólares en restitución.

En otro caso similar, desde noviembre de 2016 hasta julio de 2018, Adeagbo y sus cómplices ejecutaron varias operaciones BEC en Texas, enfocándose en entidades gubernamentales locales, empresas de construcción y una universidad del área de Houston. A través de tácticas similares, los estafadores registraron dominios que se asemejaban a empresas legítimas y enviaron correos electrónicos desde estas cuentas fraudulentas para engañar a sus víctimas y que transfirieran grandes sumas de dinero a sus cuentas.

Quedó clara la magnitud de estos esquemas en la sentencia del juez, quien ordenó a Adeagbo pagar $942,655.03 en restitución por los daños causados. El acusado también deberá cumplir un año de libertad supervisada después de cumplir su condena en prisión.

La estafa BEC afecta no solo a las empresas y entidades gubernamentales, sino también a la confianza general en las comunicaciones digitales. Dena J. King, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, señaló en un comunicado con acceso para NotiPress: "Los esquemas BEC, como los perpetrados por Adeagbo y sus coconspiradores, son delitos sofisticados y devastadores que apuntan a la confianza que las empresas e instituciones depositan en sus operaciones diarias". Los esfuerzos coordinados entre agencias locales e internacionales continúan siendo vitales para combatir estos delitos.

Este tipo de fraudes involucra el acceso no autorizado a cuentas de correo electrónico legítimas o la creación de cuentas que imitan a las de empleados o socios comerciales de empresas. Los estafadores luego utilizan estas cuentas para enviar instrucciones de transferencia bancaria falsas, engañando a las empresas para que transfieran dinero a cuentas controladas por los perpetradores. El dinero, en muchos casos, es rápidamente movido a cuentas en el extranjero, lo que complica su recuperación.




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