Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El Gobierno de Argentina hizo una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando una intervención directa en el conflicto surgido con la provincia de Chubut respecto a la retención de fondos coparticipables. Este pedido se realiza en el contexto de un fallo emitido por el juez federal Hugo Sastre, el cual favoreció a la provincia patagónica liderada por el gobernador Ignacio Torres, provocando un escenario de tensión institucional. La administración nacional retuvo fondos coparticipables en garantía y la provincia se incornformó por la medida.
Así, el anuncio fue hecho por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que la acción busca que el Tribunal Supremo inhiba al juez de Rawson, siendo este el competente por la naturaleza originaria del conflicto y su significativa trascendencia institucional. La Procuración del Tesoro de la Nación, junto con representantes legales de la Secretaría de Transporte, argumentó ante la Corte la incompetencia del Juzgado Federal de Rawson para manejar este caso, haciendo énfasis en la importancia de que la Corte Suprema asuma la jurisdicción.
La controversia se intensificó cuando el juez Sastre dictaminó que el Gobierno nacional debe cesar la retención de fondos coparticipables a Chubut, destinados al pago de una deuda, instando además a encontrar una solución para la cancelación o refinanciación del préstamo en disputa. El Gobierno nacional, en respuesta, argumentó que, según la Constitución y los acuerdos previamente establecidos, cualquier desacuerdo debería ser dirimido por la Corte Suprema en instancia original, destacando la relevancia de los temas debatidos sobre la política económica y la distribución de subsidios, los cuales exceden la competencia del tribunal de Rawson. Esto intensifica la rebelión patagónica de Ignacio Torres quien se enfrenta a la disciplina del Gobierno nacional.
Esta petición marca la complejidad de las relaciones entre el Gobierno nacional y las provincias, especialmente en temas de financiamiento y autonomía fiscal. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, manifestó su oposición a las retenciones automáticas de fondos, las cuales considera una medida de presión política. Si bien el gobernador de Chubut propuso diálogo con la administración de Javier Milei, el asunto parece no encausarse por esta vía. El caso ahora espera la decisión de la Corte Suprema, cuyo fallo podría tener implicancias significativas para el sistema de financiamiento intergubernamental en Argentina.
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