
Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Ilustración)
Autoridades del Tribunal Oral Federal responsables del caso "Vialidad" enviaron un requerimiento formal al Poder Ejecutivo nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La finalidad consiste en asegurar condiciones de resguardo apropiadas en el edificio judicial de Comodoro Py, donde se presentará Cristina Fernández de Kirchner el próximo miércoles 18 de junio.
Bajo instrucción del juez Jorge Gorini, se remitieron comunicaciones a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y al titular de la cartera porteña, Horacio Giménez. Las solicitudes exponen la necesidad de implementar dispositivos efectivos en el edificio, especialmente en el sexto piso, ubicación del tribunal actuante.
Comunicaciones adicionales se dirigieron a la Cámara Federal de Casación Penal y a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, ambas con sede en el mismo inmueble. Estas entidades coordinarán aspectos operativos relacionados con el traslado e ingreso de personas bajo custodia.
Diversos sectores vinculados al peronismo, sindicatos y agrupaciones políticas convocaron una manifestación para acompañar a la ex mandataria. La concentración tendrá lugar el mismo día que Fernández de Kirchner se presente para cumplir una sentencia de seis años de prisión, confirmada por la Corte Suprema.
Equipos técnicos comenzaron desde el jueves anterior a organizar un dispositivo preventivo. El despliegue se diseñó con el objetivo de preservar el orden público y facilitar el normal desarrollo de actividades judiciales en una jornada de gran exposición.
Fuerzas federales y cuerpos de seguridad locales establecerán perímetros de control, puntos de acceso limitados y presencia reforzada en áreas clave. Este marco de acción busca proteger tanto a funcionarios como a manifestantes y ciudadanos que circulen por el área.
Gestiones realizadas por la defensa legal de la ex presidenta incluyeron una solicitud de arresto domiciliario. Este planteo cita la normativa penal que habilita esa posibilidad para personas mayores de 70 años, y argumenta condiciones personales vinculadas a su integridad.
Instrumentos legales y procedimientos administrativos se están ajustando para garantizar que la comparecencia y los movimientos dentro del edificio se ejecuten sin contratiempos. La coordinación incluye organismos judiciales y cuerpos de seguridad de distintas jurisdicciones.
Jornada prevista como una de las más relevantes del año en términos judiciales y políticos, el operativo pretende cumplir los estándares exigidos para este tipo de acontecimientos. La atención pública se centra ahora en el resultado de este proceso, cuya ejecución será seguida de cerca por los distintos actores sociales.
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