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Entre enero y abril de 2025, Colombia registró 131 casos de secuestro, lo que representa un incremento del 40% en comparación con el mismo periodo de 2024, informó la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Este aumento generó preocupación entre autoridades, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos por su concentración geográfica y diversidad de motivaciones.
La mitad de los casos reportados se localizaron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca. Según la FIP, los actores responsables emplean esta práctica con diferentes fines: los grupos armados lo hacen con objetivos políticos, económicos o para ejercer control territorial, mientras que las estructuras delincuenciales lo usan principalmente con fines extorsivos.
El informe señaló un fenómeno que calificó como "tercerización", donde estructuras criminales o grupos armados son contratados para ejecutar secuestros. Esta dinámica fue visible en casos recientes como el de Arnold Alexander Rincón López, director de Codechocó, privado de su libertad el 26 de abril. Otro caso que generó atención pública fue el de Lyan Hortua, un menor de 11 años secuestrado en el municipio de Jamundí.
La FIP también identificó diversas modalidades de secuestro presentes en el país. Estas incluyen el secuestro extorsivo, político, entre grupos armados, exprés, por venganza y aquellos relacionados con la trata de personas. Esta diversidad evidencia la complejidad del fenómeno y los múltiples intereses que lo motivan, según el informe.
Uno de los cambios destacados por la FIP fue la disminución en la duración de los secuestros. "Desde la desmovilización de las Farc, los secuestros con fines distintos a la extorsión han disminuido considerablemente", señala el análisis. A diferencia de décadas anteriores, cuando las víctimas podían permanecer cautivas durante años, actualmente los secuestros suelen durar días o semanas.
En el departamento de Norte de Santander se registraron varios casos que afectaron a menores de edad de la comunidad indígena Motilón Barí. La comunidad denunció que hombres armados interceptaron a los menores en la región del Catatumbo y los llevaron a rumbo desconocido. Las autoridades locales, en coordinación con líderes indígenas, emprendieron operativos de búsqueda y solicitaron a los grupos armados respetar los derechos de las víctimas.
Un hecho adicional ocurrió el 9 de junio, cuando Edward Ballesteros, un joven de 23 años, fue secuestrado mientras se trasladaba por la vía que conecta Cúcuta con Tibú. Según testigos, fue obligado a descender del vehículo por hombres armados que lo llevaron a un destino no identificado. Hasta el momento, ningún grupo armado asumió responsabilidad por este ni por los otros secuestros reportados en la zona.
Las denuncias realizadas por la comunidad Motilón Barí encendieron las alarmas sobre la seguridad de los menores en el Catatumbo. Aunque no emitieron un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, la fuerza pública continúa trabajando en la búsqueda de los desaparecidos junto a representantes indígenas.
Mientras avanzan las investigaciones, persiste la incertidumbre en las comunidades afectadas. Organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado urgente para que se respete la vida e integridad de las víctimas y se garantice su pronta liberación.
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