Foto: Patricia Manero (NotiPress/Composición)
La falta de medicamentos comprometidos para comunidades rurales de Norte de Santander salió a la luz después de que una brigada médica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) fuera retenida en Toledo por la comunidad u’wa. El hecho ocurrió el 13 de agosto de 2025, cuando líderes indígenas decidieron impedir la salida de más de veinte profesionales de la salud hasta obtener garantías de entrega de insumos, informó Alerta Santanderes.
Entre los retenidos había médicos, personal de enfermería y funcionarios municipales que integraban una jornada sanitaria programada en el corregimiento de Gibraltar. La misión estaba organizada por la Nueva EPS junto con el Hospital Sur Oriental y la Alcaldía de Toledo, de acuerdo con medios locales.
Los líderes u’wa reclamaron el incumplimiento de compromisos previos y exigieron el arribo de los medicamentos antes de permitir el desplazamiento del personal. Durante varias horas, los profesionales permanecieron en el lugar bajo supervisión comunitaria, sin que se registraran daños físicos ni agresiones, señalaron los reportes.
Colmundo Radio detalló que la situación se resolvió mediante conversaciones directas entre representantes de la Alcaldía, delegados de la EPS y voceros de la comunidad indígena. Tras alcanzar un acuerdo, la brigada recuperó la movilidad y los integrantes pudieron regresar sin lesiones ni afectaciones adicionales.
Autoridades departamentales abrieron investigaciones para establecer si hubo presiones externas vinculadas a la retención. En paralelo, funcionarios municipales coordinaron acciones con la EPS para garantizar el envío de los medicamentos requeridos por la población u’wa.
Igualmente, la jornada sanitaria interrumpida puso en evidencia las tensiones existentes entre comunidades rurales y entidades responsables de la cobertura médica. Líderes locales insistieron en que la atención en territorios apartados depende de compromisos cumplidos en tiempo y forma, mientras que las instituciones buscan mantener las rutas de atención en zonas con acceso limitado.
Mesas de diálogo activadas tras la liberación buscan evitar incidentes similares, con énfasis en asegurar condiciones de tránsito para brigadas médicas y en garantizar el suministro oportuno de insumos médicos. Funcionarios regionales subrayaron la importancia de mantener la confianza de la población indígena para asegurar continuidad en la atención.
El episodio dejó en evidencia carencias en la infraestructura sanitaria rural de Norte de Santander. La demanda de medicamentos se convirtió en el factor determinante que llevó a la retención temporal de los profesionales, revelando vulnerabilidades en la cobertura y en la logística institucional destinada a comunidades u’wa.
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