Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
En Colombia, liderar una comunidad puede costar la vida. A casi una década de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Entre 2016 y 2025, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó 972 asesinatos de activistas, la mayoría en zonas con alta presencia de grupos armados y actividades ilícitas.
Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades también registran agresiones contra defensores de derechos, pero es en regiones rurales como Cauca, Putumayo y Nariño donde la letalidad alcanza niveles alarmantes. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), solo entre 2022 y 2025 fueron asesinadas 410 personas dedicadas a labores de liderazgo social o comunitario.
"Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos", afirmó Volker Türk, alto comisionado de la ONU, al presentar el informe más reciente.
El análisis indica que el 73% de los homicidios fueron perpetrados por actores armados no estatales. Estos grupos buscan consolidar el control social y territorial en regiones estratégicas para el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías clandestinas. El informe identifica que mediante amenazas, asesinatos y confinamientos, los armados imponen sus reglas y silencian resistencias comunitarias.
Los ataques no son aleatorios ni aislados. La ONU destaca que los más afectados fueron líderes indígenas, campesinos, comunales y defensores ambientales. El 23% de las víctimas entre 2016 y 2025 pertenecían a pueblos indígenas. Solo el pueblo Nasa reportó 44 líderes asesinados, lo que debilitó profundamente su estructura organizativa.
Además de los homicidios, la ONU registró 2.018 ataques adicionales contra personas defensoras. Estos incluyeron amenazas, intentos de asesinato, secuestros, hostigamientos y campañas de desprestigio. Aunque menos visibles, estas agresiones generan efectos desestabilizadores sobre los procesos de organización comunitaria.
La respuesta del Estado colombiano fue considerada insuficiente ya que si bien se implementaron esquemas de protección, la ONU detectó demoras superiores a seis meses en algunos casos. Entre las personas asesinadas, 34 habían solicitado medidas preventivas o contaban ya con protección oficial. El modelo actual ha sido calificado como poco eficaz, especialmente en contextos rurales y colectivos.
En 2025, la capacidad de monitoreo de la OACNUDH se redujo tras el cierre de tres oficinas regionales y una disminución del 50% en su personal. Esto limitó la cobertura territorial y la asistencia técnica en siete departamentos prioritarios.
Más allá de estos desafíos, Naciones Unidas reconoce algunos avances institucionales, como la priorización de investigaciones en la Fiscalía. Sin embargo, el nivel de impunidad se mantiene elevado. De los 800 casos investigados entre 2022 y 2025, solo el 6,87% llegó a sentencia.
Frente a este panorama, la ONU recomendó fortalecer la coordinación entre el gobierno nacional y los municipios, además de dotar de recursos a las autoridades locales para garantizar respuestas rápidas. También hizo un llamado a atender las causas estructurales de la violencia y proteger a quienes defienden derechos colectivos.